¿Existe una política de desmejora laboral en la Universidad de Antioquia?

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Por: Hernán Darío Vergara Mesa. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Lamentablemente la respuesta es afirmativa, si la inquietud se examina desde una perspectiva laboral. Son ya múltiples acciones y omisiones administrativas que demuestran el sistemático afán de las directivas de la Universidad de Antioquia por deteriorar las condiciones de trabajo de sus servidores.

¿Por qué se habla de una política? Porque se trata de una serie de actuaciones de órganos directivos de la Universidad orientadas a la reforma sistemática de la normatividad universitaria que consagra los derechos de sus servidores, o a la interpretación y aplicación de tales normas, mediante una línea de decisión con un sentido claramente identificable.

¿Por qué una perspectiva laboral? Porque la relación que sostenemos los profesores y los empleados administrativos con la Universidad es una relación de trabajo y, en ese contexto, la Institución adquiere la calidad de empleador, sujeto por ese motivo a las disposiciones laborales que rigen en el país. Estas disposiciones se resumen en un principio básico, reconocido ampliamente a nivel nacional e internacional, denominado de protección especial al trabajo, y que tiene consagración expresa en la Constitución colombiana (art. 25) y en tratados internacionales suscritos debidamente por Colombia, muchos de los cuales integran el sistema internacional de derechos humanos (el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de “San Salvador” de 1988, son sólo algunos de ellos).

Ahora bien, cabe señalar que en el caso concreto de los profesores, el carácter académico que puede reflejar su actividad no tiene el alcance de transformar la aludida relación de trabajo en una relación académica, respecto a la cual la Universidad sí cuenta con una amplia discrecionalidad de reglamentación, pues aquélla es una relación sui generis para cuya configuración es suficiente la existencia de una labor subordinada de prestación de servicios a favor de otro, a cambio de una remuneración.

Los aspectos que hacen parte de tal relación comprenden asuntos tan variados como la estabilidad, los estímulos, el salario, las prestaciones sociales, la seguridad social y las situaciones administrativas (comisiones, licencias, permisos, etc.), los cuales usualmente constan en estatutos expedidos para cada tipo de servidores. Estos estatutos son verdaderas normas laborales y en ellas se determinan las condiciones de empleo, por lo que su expedición, modificación o supresión se somete a límites constitucionales y legales, como también a criterios especiales de interpretación y aplicación.

¿Por qué se habla en este caso de desmejora? Porque la desmejora -o el menoscabo, que es la expresión usada por la Carta Política de Colombia- implica toda actuación fáctica o jurídica desarrollada por el empleador tendiente a reducir los derechos, las garantías y los beneficios de los trabajadores (empleados y profesores) reconocidos previamente por las normas que rigen la relación de trabajo. A este fenómeno se le conoce también como regresividad laboral, y se identifica a partir de un juicio comparativo en virtud del cual se determina si las nuevas normas suprimen, limitan o restringen derechos o beneficios concedidos por la anterior normatividad.

Nuestra Constitución prohíbe expresamente la desmejora de los derechos de los trabajadores (art. 53, inc. final) y, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, tal prohibición se ha se ha asociado con la imposibilidad de retroceder injustificadamente en los niveles de protección previamente obtenidos (Sentencia C-492 de 2015). Toda modificación desfavorable se estima inconstitucional a menos que quien la realiza ofrezca una justificación razonable y proporcional para ello.

¿Cuáles son las medidas administrativas que, en la Universidad de Antioquia, evidencian una política de desmejora laboral de las condiciones de empleo de sus servidores?

Hay que decir que no se trata de medidas impulsadas necesariamente en estos dos años –aunque en ellos sí se han incrementado notablemente- , sino adelantadas en la última década, en algunos casos de modo imperceptible, que han tenido el efecto de retroceder en las condiciones de goce de los derechos o en el uso de las garantías previstas en los estatutos universitarios a favor de los profesores y empleados. Aquí sólo se mencionan algunas de esas medidas, para enmarcarlas en una categoría jurídica específica, como la desmejora laboral, y llamar la atención sobre la ocurrencia de este fenómeno en la Universidad, por regla general prohibido por el orden jurídico que rige en Colombia.

1. Si se toma como referencia el original Estatuto Profesoral (Acuerdo Superior 083 de 1996), se evidencian una serie de modificaciones regresivas, que en ningún momento tuvieron amplia difusión y discusión con los profesores. Las más llamativas se hallan en los temas relativos a:

- Las exenciones para el pago de los derechos matrículas para cursar programas de posgrado en la Universidad. En la norma original esta exención está consagrada de manera general para toda clase programas de posgrado, pero el Acuerdo Superior 326 de 2006, introdujo restricciones de todo tipo, como aquella que impide que el profesor pueda obtener la exención para programas de especialización, o la disminución del porcentaje de la exención para los hijos y cónyuges.

- Al beneficio de las situaciones administrativas previstas en la ley y en las nomas universitarias, entre las cuales cabe relievar las comisiones de estudio y de servicio. Las comisiones de estudios han sufrido modificaciones permanentes en el último lustro, con previsiones cada vez más desfavorables para la contraprestación que está a cargo del profesor que las obtienen. Para sólo hablar del hecho más reciente, el Consejo Superior acaba de aprobar en primer debate una modificación adicional al estatuto Profesoral, en virtud de la cual las comisiones de estudio y los compromisos económicos que ellas conllevan acarrean obligaciones casi de imposible cumplimiento para quien, simplemente, tiene la condición de trabajador. Ello es así, si se tiene en cuenta que se va a exigir al profesor la suscripción de garantías para que, en caso de incumplimiento –que en sentido estricto es la no obtención del título- la Universidad pueda cobrar el monto de los salarios y prestaciones sociales pagadas al profesor, con indexación, desconociendo de ese modo que lo devengado es salario, fruto del trabajo del profesor, que no le produce bajo circunstancia alguna rendimientos financieros, sino que, antes bien, procura asegurar su subsistencia digna y la de su familia.

Tratándose de comisiones de servicios, el proyecto aprobado ya en primer debate prevé una serie de exigencias para los profesores que las solicitan (por ejemplo para presentar ponencias o asistir a eventos académicos), que realmente suponen cargas adicionales para quienes sólo tienen el interés de representar a la Universidad en diversos escenarios, lo que finalmente se replica en indicadores de gran impacto institucional. Puede decirse que lo que el Estatuto Profesoral proclama como un derecho y un beneficio profesoral, se convierte en un verdadero “encarte” o en un desestimulo a la labor de los profesores que ven en esta figura un medio de perfeccionamiento académico.

2. Es un hecho ya conocido por toda la comunidad universitaria, el descuento que la Universidad viene haciendo del 33% del valor de las incapacidades, que antes se pagaban en un 100%. Con esta actuación se infringe un daño grande a quienes, paradójicamente, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por razón de salud. Justificable o no esta actuación, lo cierto es que, sin mayores explicaciones y basados en normas legales dudosamente aplicables a la Universidad, el fenómeno de la desmejora resulta notorio.

3. La actuación de los diferentes comités encargados de los asuntos profesorales, en particular la del Comité de Asignación de Puntaje, que es el encargado de interpretar y aplicar las disposiciones del Decreto 1279 de 2002 y del Acuerdo Académico 237 del mismo año. Este Comité tiene la delicada función de “definir” uno de los elementos más básicos de la relación de trabajo de los profesores, como es el salario. Nadie discutiría que esa función, si bien supone una valoración de los méritos académicos, incide directamente en la contraprestación que la Universidad paga al profesor por su trabajo; por esa razón se le califica como laboral. Es entonces sorprendente que la queja común entre los profesores sea el carácter restrictivo que asume dicho Comité a la hora de interpretar y aplicar los textos normativos que guían su actuación, si se tiene en cuenta la regla fundamental que prescribe la Constitución Nacional, de favorecer la situación del “trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” (art. 53).

4. En el caso de los empleados administrativos el hecho más reciente tiene que ver con la pretensión que tiene la Universidad de derogar las disposiciones que consagran para este personal el llamado “trienio”, basándose en una confusión desafortunada entre este concepto, que no tiene carácter salarial y representa más un estímulo por razón del tiempo de vinculación, y la prima de antigüedad que prevé en el Decreto 1042 de 1978, que efectivamente sí lo tiene.

5. Por último, un evento que no es necesariamente encuadrable dentro del concepto de desmejora laboral, pero que refleja el grado de desconocimiento de la normatividad que rige las relaciones laborales, en este caso en materia de derecho colectivo de trabajo, tiene que ver con la obstinación que tuvo la Universidad para iniciar el proceso de negociación colectiva con la Asociación Sindical AspUdeA. Para esto, sólo la intervención de autoridades externas a la Universidad obligó a la Institución a propiciar este espacio. Se olvidó durante todo este proceso, que los decretos que actualmente regulan el tema para el sector público son reglamentarios de una ley de la república (Ley 411 de 1997), mediante la cual se aprobó para Colombia el Convenio 151 de la OIT, que otorga el derecho a la negociación colectiva a toda organización que represente los intereses de los servidores públicos, e incluso de los empleados públicos, independientemente de su composición o denominación.

Lo inquietante de la política institucional de desmejora comentada, es que parece apoyarse en una concepción errada del carácter jurídico que revisten las normas universitarias que se encargan de regular aspectos específicos de la relación de trabajo de los servidores de la Universidad. Muchas de esas normas son estimadas como académico-administrativas, cuando realmente son normas laborales. Al desconocer -deliberadamente o no- esta propiedad de textos como el Estatuto Profesoral, el Estatuto del Personal Administrativo, el Decreto Nacional 1279 de 2002 y el Acuerdo Superior 237 de 2002, para sólo citar algunos, las directivas universitarias se sienten autorizadas para desplegar todos los alcances de la llamada autonomía universitaria en el desarrollo de materias que, de otro modo, son consideradas de orden público y sujetas, como ya se dijo, a criterios especiales de producción y operación, como es el caso de las laborales, en donde se imponen reglas de favorabilidad hacia el trabajador que no resultan pertinentes para otros ámbitos del derecho.

Lo que sería más inquietante aún es que, conociendo tal carácter –y es evidente que muchos funcionarios lo deben conocer por su área de formación y experticia- él sea menospreciado, en tanto eso querría indicar que quienes dirigen la Universidad la consideran un empleador legitimado para actuar al margen de la juridicidad que le sirve de fundamento o para interpretar su contenidos de acuerdo con sus intereses, lo cual raya ya con la arbitrariedad. Lo único que genera este modo de proceder son riesgos institucionales, el judicial es uno de ellos, y un desestimulo generalizado entre sus servidores, en quienes se cimenta finalmente toda la actuación y grandeza de la Universidad.

* Imagen tomada de: http://www.usorioja.es

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