El profesorado no es el causante de la desfinanciación de las universidades públicas

profesCOMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA OPINIÓN PÚBLICA

El pasado mes de diciembre el Rector de la Universidad de Antioquia Mauricio Alviar en declaraciones a los medios de comunicación, entre ellos El Espectador, en el artículo Vamos a ser inviables o a reducirnos del 19 de diciembre, acusó al profesorado universitario de ser el causante del déficit financiero que actualmente viven las universidades públicas. Expresiones como “Nadie calculó que la productividad de los profesores aumentaría hasta desbordar el presupuesto asignado a las universidades públicas” y que “La principal razón por la que la plata que el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales asignan a cada universidad pública ya no les alcanza, es que en 2002 se expidió el Decreto 1279, en el que se estableció el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales”.

A renglón seguido el Rector de la Universidad Nacional Ignacio Mantilla, el 23 de diciembre, en El Espectador, en el artículo “S.O.S por las universidades públicas” apoyaba la declaración del Rector Alviar dando como una de las causas del déficit financiero, el régimen salarial del profesorado, así. “La ley 30 de 1992 y algunos decretos que la reglamentaron pretendían estimular la formación al más alto nivel de los docentes universitarios en Colombia, así como estimular la investigación y premiar la productividad académica… Para esto, dicha ley determinó el salario de los profesores universitarios acorde con sus títulos y su productividad”. Otras causas mencionadas fueron los “incrementos de los salarios con el IPC, desde el año 2012”.

Ambos rectores expresan que el presupuesto asignado a la educación superior estatal es insuficiente, situación que las ha llevado a tener un déficit acumulado, por solo salarios, de más de 800.000 millones de pesos. Y proponen como salida el incremento del presupuesto en el IPC más 4 puntos porcentuales.

Lo que no denuncian o esconden es que son implementadores de la política estatal para la educación superior. La antidemocrática Ley 30 de 1992 congeló los presupuestos universitarios con solo el incremento en el IPC (Artículo 86) y adicionaba unos escasos recursos adicionales (Artículo 87) buscando con ello el surgimiento de la educación superior privada, la autofinanciación con la venta de servicios, el incremento en el valor de las matrículas y el estímulo al crédito educativo, todos estas políticas hoy logradas.

Se niegan estos rectores a reconocer que para el Gobierno Nacional la educación universitaria pasó a un segundo plano pues es la nueva política del Estado el promover la educación técnica, tecnológica y la educación para el trabajo, buscando que la cobertura universitaria en Colombia se reduzca para cubrir solo el 35% de la población estudiantil mientras que para la educación terciaria (Técnica, tecnológica y formación para el trabajo) sea del 65%. El Acuerdo por lo Superior 2034 establece que para el año 2034 la cobertura universitaria sea la misma o un poco menor a la de hoy, proponiendo que las universidades “grandes” sean de investigación y el resto politécnicos. En el Plan de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” de Juan Manuel Santos y en el Sistema Nacional de Educación Terciaria, SNET, se apuntala esta política al promover la formación para el trabajo. Tan grave es el asunto, que el Representante de la Comunidad Académica en el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, profesor Pedro Prieto, renunció a esa representación porque en su criterio, el Ministerio de Educación está imponiendo un proyecto de decreto, no consultado con ellos, para ser tramitado ante el Congreso por la vía rápida del Fast Track.

Solo la educación privada está siendo apoyada por el Estado con múltiples medidas como la promoción de los créditos Icetex y del programa Ser Pilo Paga, SPP, pues transfiere recursos estatales a las universidades privadas y muy poco a las públicas.

El profesorado, con sus justos y aún bajos salarios comparados con otros países, no es el causante del déficit. La desfinanciación del Sistema Universitario Estatal es conocida desde diciembre del 2012 cuando el SUE publicó el estudio “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia. La realidad de la crisis en el sistema de financiación de las Universidades Estatales”. Allí se reconocía un déficit en salarios de alrededor de 600.000 millones de pesos cubiertos por las propias universidades y un déficit de inversión de 11 billones. Hoy ese déficit salarial llega a 800.000 millones y el estructural a unos 15 billones de pesos. Sobre este déficit estructural ambos rectores nada dicen. Para ellos la culpa es del profesorado y buscarán cambiar las normas salariales o congelarlas.

Seguirán Alviar y Mantilla y el resto de rectores de las universidades públicas sobreaguando la crisis, endeudándolas como el que más, subiendo el valor de las matrículas, vendiendo más y más servicios, vinculando más y más catedráticos cada vez que un docente de planta salga de nómina, manteniendo y no incrementando la actual cobertura y reduciendo cada vez más el bienestar universitario. Ese es el futuro de la Universidad Pública.

¿Cómo responderemos a esta política estatal?

Medellín, Febrero 1º de 2017

JUAN ESTEBAN PÉREZ MONTES                    JORGE ARISTIZÁBAL OSSA

Presidente                                                             Secretario

Junta Directiva

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

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