Acerca del cierre de la Universidad

Inseguridad2La Asamblea General de Profesores del martes 6 de junio al considerar la situación del cierre del fin de semana anterior, decidió informar a la comunidad universitaria de los siguientes puntos:

La normatividad interna asigna la función del cierre provisional de la Universidad al Rector cuando la suspensión sea menor a ocho (8) días sin consultar al Consejo Académico, hasta quince (15) días con el concepto favorable del Consejo Académico. [Artículo 42, numeral s)] del Estatuto General [Acuerdo Superior 1 de 1994]. Si el cierre es de más de quince (15) días, dicho cierre lo define el Consejo Superior Universitario [Artículo 33, numeral w)] también con la consulta al Consejo Académico.

El cierre provisional entonces en una función del Rector y no del Comité Rectoral. No conocemos la Resolución Rectoral que oficializó el cierre durante los días 2, 3 y 4 de junio con reapertura el 5 de junio. En el Estatuto General no aparece la figura de “Comité Rectoral”. ¿No es esto una irregularidad?

Artículo 33. Funciones. Son funciones del Consejo Superior:

w. Disponer, después de consultar al Consejo Académico y cuando las circunstancias hagan necesaria una medida de esta índole, la suspensión de actividades en la Universidad por más de quince días.

Artículo 42. Funciones. Son funciones del Rector:

s. Disponer, cuando las circunstancias lo hagan indispensable, la suspensión de actividades de la Universidad hasta por quince días. Cuando la suspensión sea superior a ocho días requiere el concepto favorable del Consejo Académico.

La justificación presentada por el Equipo Rectoral, según el Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en comunicado enviado a toda la comunidad universitaria por Asoprudea, revela lo equivocado que es el cierre, justificado a partir de aglutinar problemas de diferente índole, que son de vieja data y que no se enmarcan de manera diferenciada.

El Rector, en la reunión con la Mesa Multiestamentaria a la que citó el día lunes 5 de junio, explicó que el reporte oficial del cierre no analiza la causa del mismo, el panorama de seguridad enrarecido. Que este asunto se venía tratando desde un mes atrás, tomando como fuentes los reportes internos, las denuncias formales y las investigaciones con las autoridades; que era una medida administrativa que no requería la autorización del Consejo Académico, dado que no se pueden consultar las medidas administrativas de seguridad.

Sobre las medidas tomadas, el Rector informó que fueron positivas. Un mayor control al ingreso, redoblar la vigilancia privada en las porterías, la prohibición de fiestas en la Universidad, la suspensión de las ventas informales a los agentes externos y una regulación, a través de Bienestar Universitario, de los estudiantes que realizan estas ventas, todo ello con el objetivo de recuperar el espacio universitario.

Sobre estas medidas expresamos lo siguiente: obvio que es importante el control de las ventas informales y de sustancias prohibidas pero el control del ingreso ya existía, lo que se hizo fue aumentar las exigencias pues ya no basta la TIP (Tarjeta de Identificación Personal), sino que se solicita además la Cédula de Ciudadanía, asunto que consideramos ilegal, además de las rigurosas requisas a las que se somete a los que ingresan, para controlar la entrada de mercancías ilegales (películas, música y libros piratas y otras mercancías legales o ilegales). El redoblar la vigilancia privada en las porterías tiene de adverso el aumento del pago de los servicios de seguridad a las compañías que prestan este servicio, en momentos en que el déficit presupuestal es notorio. La prohibición de fiestas ya existía, lo que no existía era el control de ingresos de los licores y drogas que allí se consumían.

La situación nos muestra a un Rector actuando contra la imagen de la Universidad. En cierta forma acusando a la comunidad universitaria, en especial al estudiantado, de promover la existencia de actividades ilícitas en nuestra Universidad. Nada más malo que esto. La actividad delictiva está y estará presente, no solo en la ciudadela universitaria, sino en toda la sociedad de la que somos parte mientras la situación de desempleo, miseria e inequidad del país continúe. La forma de tratar la delincuencia en este caso, debe ser responsabilidad de las autoridades competentes, quienes históricamente han participado en el control político de estudiantes, profesores y empleados, pues que lo hagan también con el hampa. Somos enfáticos en que los hechos delincuenciales no deben servir de mampara para ocultar los graves problemas que gravitan sobre nuestra Universidad y nuestra sociedad.

El problema principal de la Universidad es la desfinanciación a la que la viene sometiendo el Estado con su política de favorecer la privatización de la educación superior. En este sentido apoyamos el Comunicado No. 15 del Consejo Académico del pasado 25 de mayo que denuncia tales políticas privatizadoras en detrimento de la financiación de la educación superior pública. Muestra como los programas Ser Pilo Paga, las Becas Crédito, la financiación a la demanda, la transferencia de recursos asignados a las universidades al Icetex, el Sistema Nacional de Educación Terciaria y las exigencias de masificación como producto de la promoción de la educación técnica y tecnológica, ponen a las universidades públicas al borde de su liquidación.

Siempre hemos defendido la Universidad abierta y funcionando en el cumplimiento de sus ejes misionales de docencia, investigación y extensión, en la difusión del conocimiento y la generación de nuevos a partir del análisis crítico los procesos naturales y de la sociedad de las que somos parte, y de las políticas oficiales que restringen nuestro accionar. Acorde con nuestro lema de “La defensa de la Universidad pública, nuestra razón de ser”, exigimos el trato digno a toda la comunidad universitaria, la no aplicación de exigencias por encima de la ley y que de verdad, con las autoridades correspondientes, tomen control de las actividades ilícitas que se realizan en la Universidad.

Medellín, junio 8 de 2017

JUAN ESTEBAN PÉREZ MONTES                JORGE ARISTIZÁBAL OSSA

Presidente                                                Secretario

Junta Directiva

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia

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