MANIFIESTO por la Educación Superior Pública

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Medellín, 18 de septiembre de 2018

“Esta es la técnica de la privatización:

cortar el presupuesto para asegurar que las cosas no funcionen, la gente se molesta, y se usa como excusa, para pasarlo a manos del capital privado” Noam Chomsky.

Los profesores y profesoras de las universidades públicas, reunidos en Encuentro Nacional convocado por la Universidad de Antioquia, Colombia, manifiestan a la comunidad en general, después de profundos análisis sobre la situación de las Universidades y la crisis estructural sobre su financiamiento, lo siguiente:

  1. Resulta indispensable exhortar al gobierno a que cumpla el mandato contenido en la Carta magna, en la cual se concibe la educación como un derecho de la persona (art. 67).
  2. Defendemos y llamamos a defender la educación pública, gratuita, universal y de alta calidad, en virtud de su pertinencia para la construcción de la paz, el alcance de un país justo y democrático. Mantendremos actitud firme respecto a la defensa de una adecuada financiación de la educación pública superior, con presupuesto que permita su funcionamiento en condiciones de dignidad, para fortalecer la cobertura y mantener la calidad necesaria en atención a las necesidades, intereses y expectativas de la sociedad.
  3. Propugnamos por la dignificación y el respeto a los derechos adquiridos de los profesores de universidades públicas. En ningún caso podrán, mediante reformas inconsultas, desmejorarse los salarios y prestaciones sociales (que tienen una relación directa en materia pensional) atendiendo al principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.
  4. Proponemos como salida a la actual movilización del profesorado la creación inmediata de una MESA NACIONAL PARA COORDINAR EL MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA y para negociar con el gobierno nacional, representado en la Señora Ministra de Educación, la Ministra de Trabajo y el Ministro de Hacienda, con quienes aspiramos resolver la situación crítica de las Universidades públicas en dos momentos, donde plantearemos acciones concretas:

En el corto plazo:

  1. Reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, de tal forma que se incremente en 8 puntos los recursos asignados a partir del IPC o se determine un porcentaje de incremento a partir del PIB, para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior acorde a sus funciones misionales.
  2. Adición presupuestal inmediata con recursos frescos para solventar la crítica situación financiera de las IES públicas y poder culminar con normalidad las obligaciones de las universidades a diciembre de 2018.
  3. Destinación, a las universidades públicas, de la totalidad de los recursos que hoy se dirigen al Programa Ser Pilo Paga y al ICETEX.
  4. Reversar, a través de las medidas que resulten pertinentes, los efectos regresivos de la Reforma tributaria que afectó seriamente los ingresos y calidad de vida de los profesores universitarios. Resulta indispensable modificar los artículos 336 y 388 de la ley 1819 del 2016 para que, en la práctica, los gastos de representación como renta exenta se preserven en el marco de los mandatos legales y constitucionales.
  5. Revertir las iniciativas tendientes a modificar estructuralmente y de manera unilateral el Decreto 1279 de 2002 y contemplar, de forma precisa, la modificación específica de dicha norma en aspectos puntuales que apunten al mejoramiento de las condiciones laborales y prestacionales de los docentes, en aplicación del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.
  6. Destinación de recursos por parte de los gobiernos territoriales que fortalezcan e impulsen el desarrollo de las universidades públicas, en favor de las localidades y regiones que se benefician directamente de los propósitos que cumplen dichas instituciones de educación superior.
  7. Recuperar los recursos del anterior impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), que en principio se destinarían a la educación superior y finalmente fueron dirigidos al ICETEX y a programas como Ser Pilo Paga.
  8. Reformar el contenido del Decreto 1280 de 2018 sobre aseguramiento de la calidad, en virtud de sus graves efectos en los procesos de acreditación institucional de las universidades públicas que perderán, en relación con las instituciones privadas, su capacidad para ofrecer programas pertinentes y de calidad.

En el mediano plazo:

  1. Impulsar cambios estructurales a la política educativa de tal forma que se garantice el financiamiento a la oferta y no a la demanda, hasta lograr el acceso a educación superior de alta calidad cuyos costos en su totalidad sean asumidos por el Estado.
  2. Revertir iniciativas contenidas en el “Acuerdo por lo superior 2034”, en lo atinente a educación terciaria y adopción de exigencias emanadas de la OCDE y demás organismos internacionales que afectan la libre autodeterminación y postergan las posibilidades de alcanzar mejores condiciones de bienestar a partir de la educación superior de alta calidad.
  3. Apropiar el presupuesto requerido para nueva infraestructura universitaria y reforzamientos estructurales a edificaciones que amenazan ruina por su franco deterioro.

Finalmente, manifestamos nuestro rechazo contundente a las irresponsables y estigmatizantes declaraciones del Ministro de defensa, Guillermo Botero, quien aseguró que “Grupos armados financian la protesta social” (derecho protegido por el art.20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 37 de la Constitución Política de Colombia) desconociendo de plano el derecho a la libertad de expresión y, junto a éste, el derecho a la protesta como expresión democrática de los grupos sociales que se manifiestan pacíficamente en contra de medidas gubernamentales, Resulta inaceptable que se ponga en riesgo la vida de quienes defienden los derechos humanos y las causas sociales. De igual manera deploramos el asesinato de líderes sociales en Colombia e instamos al gobierno nacional a brindar las garantías necesarias para proteger a quienes hacen parte de expresiones democráticas como las que se manifiestan en las marchas y movilizaciones sociales.

Invitamos a todos los integrantes de las comunidades universitarias a reflexionar sobre los temas centrales de la crisis financiera y la pérdida de los derechos laborales de los profesores, para actuar en consonancia con las agendas previstas desde las organizaciones gremiales de los docentes, los estudiantes, los empleados y trabajadores. Es fundamental unir esfuerzos por encima de diferencias conceptuales o ideológicas, ello como condición necesaria para mantener vivo un movimiento que permitirá dignificar la labor del profesorado y asegurar la viabilidad financiera de las universidades públicas en el país, y de esta manera garantizar educación de calidad en cumplimiento de los tres ejes misionales que benefician a las regiones y el país, Investigación Docencia y Proyección Social.

Convocamos a profesores, estudiantes, empleados, trabajadores y en general a toda la comunidad colombiana a participar de las agendas previstas en cada región y a sumarse a la GRAN MOVILIZACIÓN Y TOMA DE BOGOTÁ el 10 de octubre en unión con otros sectores sociales.

Universidades que suscriben:

Universidad de Antioquia

Universidad de Caldas

Universidad Industrial de Santander

Universidad del Tolima

Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Nacional de Colombia

Universidad de Cartagena

Universidad del Cauca

Universidad del Valle

Universidad del Magdalena

Universidad del Quindío

Descargar documento original: https://goo.gl/D9w1XQ

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