El 20 de julio del año en curso, la ministra de Educación Aurora Vergara, presentó al país dos proyectos de ley. El primero pretende regular el derecho fundamental a la educación, incluida la educación superior. El segundo modificar y adicionar algunos artículos de la Ley 30 de 1992, que regula el servicio público de educación superior.

Quiero referirme al primer proyecto, ya que, puede representar para el país, dar un paso importante en materia de protección y disfrute real y efectivo de cualquier individuo, independientemente de su raza, condición social, económica o política, a la educación superior como un derecho social fundamental. Es importante anotar que existe un marco jurídico internacional que define la educación como un derecho fundamental y si bien la Corte Constitucional tiene un precedente importante en materia de la fundamentabilidad de los derechos sociales, dejarlo plasmado en una ley Estatutaria implica mayores demandas al Estado para su disfrute.

Desde el año 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se proclama que la educación es un derecho humano, debiendo ser gratuita, obligatoria para la instrucción elemental y generalizada en igualdad de condiciones para la educación técnica y profesional. Y que tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). A partir de este hito normativo internacional, se han promulgado diversos Acuerdos, Convenciones, Pactos, Declaraciones, Observaciones y Recomendaciones que han definido los contenidos y alcances del derecho a la educación superior.

Sobre como materializar este derecho, la Asamblea General de Naciones Unidas en su Observación No 13, definió cuatro dimensiones: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad:

• La disponibilidad,se refiere a la cantidad suficiente deinstituciones y programas de formación, y las condiciones necesarias para su funcionamiento como edificios, instalaciones sanitarias, agua potable, profesores calificados con salarios competitivos y trabajo digno, materiales de enseñanza, bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc.
• La accesibilidad, tiene que ver con tres elementos: el primerola no discriminación, esto es, la educación superior debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho; el segundo la accesibilidad material, que tiene que ver con la localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, habilitar instituciones de educación superior en zonas rurales) o por medio de la tecnología (mediante el acceso a programas de educación a distancia, virtual); y tercero, la accesibilidad económica, esto es, al alcance de todos, independiente del poder adquisitivo. El ideal al que se debe llegar es al de una educación superior gratuita, universal y solidaria.
• La aceptabilidad, guarda relación con la pertinencia y adecuación cultural y social de los programas de estudio, los modelos pedagógicos y las estrategias didácticas
• Y la adaptabilidad, que guarda relación con laflexibilidad que deben tener los programas de estudios, para adaptarse a los contextos y cambios sociales, de cara a las demandas que imponen por ejemplo la cuarta revolución, la inteligencia artificial y el cambio climático.

Si se logran concretar estas cuatro dimensiones, objetivo al cual todos debemos estar avocados como sociedad, significara a largo plazo garantizar a los individuos el acceso a los conocimientos necesarios para desarrollar todas sus capacidades, adoptar decisiones informadas y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, en aras de una existencia digna en una sociedad democrática. Si bien en el proyecto de ley se mencionan estos elementos, es importante anotar que este y futuros gobiernos tendrán un reto enorme, ya que pasar a un ejercicio efectivo del derecho, implica una apuesta a corto plazo con una destinación sólida y suficiente de recursos económicos que logren garantizar el derecho en todas sus dimensiones.

Y a pesar de que se señale que el disfrute del derecho, será de manera progresiva, al ser un derecho social fundamental, se impone al Estado tres tipos de obligaciones, tal como lo señala el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: las obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir. A su vez, la obligación de cumplir consta de la obligación de facilitar y la obligación de proveer. La obligación de respetar exige que se eviten las medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho a la educación superior. La obligación de proteger impone al Estado adoptar medidas que eviten que el derecho sea obstaculizado por terceros. La de dar cumplimiento (facilitar) exige que se adopten medidas positivas que permitan a individuos y comunidades disfrutar del derecho. Por último, la obligación de dar cumplimiento (facilitar el) derecho. Así las cosas, implicaría un compromiso más vinculante por parte del Estado en una mayor responsabilidad en la asignación de recursos, la definición de políticas educativas, el aseguramiento de la calidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas para asegurar el cumplimiento de la ley estatutaria.

Para finalizar, se resalta que, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la educación superior es también un elemento fundamental para alcanzar otros objetivos como el fin de la pobreza, la salud y bienestar, la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico, la producción y el consumo responsables, la acción por el clima y la paz, la justicia y las instituciones sólidas. La educación superior desempeña un papel preponderante en el desarrollo adecuado de los individuos y en la satisfacción de sus necesidades básicas, al potenciar y viabilizar otros derechos fundamentales como el derecho al mínimo vital, la salud, el trabajo y el libre desarrollo de la personalidad. El Estado debe esforzarse y disponer de los recursos necesarios para que todos los miembros de la sociedad puedan acceder a una formación integral y en todos los niveles educativos, desde la educación primaria y secundaria hasta la educación superior. Por lo tanto, este proyecto de reforma, es una apuesta importante para avanzar en la concreción de un verdadero sistema educativo (a lo largo de toda la vida), con calidad, pertinencia y que trasciende hacia el acceso universal de la educación superior, en aplicación de principios como la justicia social, la solidaridad y la equidad.

La verdad debe ser un bien público, un derecho y un deber ineludible. Francisco de Roux 

Por: John Mario Muñoz Lopera, vicepresidente Junta Directiva, Asoprudea

Profesor titular, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Unidad de Paz, Universidad de Antioquia

El legado de la Comisión de la Verdad y su apropiación por parte de la sociedad parecen perderse en el tiempo; ha pasado un año de la presentación del informe y poco se ha hecho para lograr su divulgación más ampliamente. Esta realidad hace necesaria y urgente la planeación institucional e intersectorial para que esas páginas y relatos -paridos con dolor en los rincones donde la muerte y los hechos de violencia hacían su carnaval, su ritual de sangre y silencio estatal- lleguen a todos los colombianos.

Al respecto debemos preguntar: ¿dónde queda la verdad acerca de los 450 mil asesinatos (según los registros oficiales del informe de la Comisión) o de los 800 mil (de los subregistros que datan del periodo entre 1985 y 2018), donde el Departamento de Antioquia es el escenario de un 28 % de esos totales?; ¿dónde la de 121 mil desapariciones forzadas, o del subregistro que asciende a 210 mil, en las cuales Antioquia aporta un 23 % de las víctimas?; y ¿dónde queda la verdad de más de 30 mil niños y niñas reclutados para la guerra, o de las ejecuciones extrajudiciales o llamados “falsos positivos” -que superaron las 6.042 víctimas-, o de los 179.076 asesinatos selectivos registrados entre 1958 y 2021? Desde la firma del Acuerdo de Paz de la Habana, el asesinato de líderes y lideresas sociales suma más de 1.327 víctimas; entre 1995 y 2004 los despojados de sus tierras fueron más de 8 millones; las personas víctimas de actos de violencia contra la libertad e integridad sexual superan las 32.446, de las cuales el 92 % corresponde a niñas y mujeres; ¿y qué de las cifras de exiliados, extorsiones, secuestros y tantas otras bajezas de la guerra que continúan en crecimiento? Una cifra que deja mucho que interrogar acerca del por qué, para qué y contra quién se materializa la guerra, es la de que el 80 % de las personas asesinadas durante el conflicto que cubre el análisis de la Comisión fueron civiles, mientras que el 20 %, combatientes; ella deja claro que la danza de los jinetes de la muerte se ensaña contra la indefensa población civil… a ellos y ellas, a sus familiares, a sus descendientes, le debemos la verdad.

Es igualmente necesario que en un país con poca memoria nos preguntemos ¿qué pasó con tantas víctimas y con el apremio por conocer la verdad para no repetir hechos que parecen no tener fin?; ¿qué dicen los responsables materiales e intelectuales de estas atrocidades?; ¿por qué tanta desidia institucional ante la divulgación y apropiación social del informe de la Comisión?; ¿por qué las autoridades públicas no han realizado actos de perdón institucional en relación con los hechos sucedidos en sus territorios y develados por la Comisión, como ejemplo para los sectores sociales que lideran?; ¿por qué no ven en ello una oportunidad de trabajo intersectorial que aporte a la verdad como posibilidad de no repetición?

Las más de 10 mil páginas -impresas en 10 libros-, el Archivo del Esclarecimiento de la Verdad, la Transmedia Digital de la Comisión y los eventos realizados por el equipo de la misma, no pueden sepultarse en el olvido; este material debe servir de base para la formación de los futuros profesionales en todas las áreas y apoyar la imperiosa formación sociopolítica hacia una nueva ciudadanía que vea un horizonte diferente al de la guerra, del cual queremos y debemos salir. El material legado por la Comisión dispone contextos generales de elucidación de la guerra, pero también deja un testimonio sobre asuntos específicos o de interés particular, mostrando, por ejemplo, qué sucedió durante el conflicto colombiano con los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, la población LGBTIQ+, las negritudes, los indígenas y las comunidades raizales, el exilio de miles de compatriotas, la violación de derechos humanos, entre muchos más; estos temas se podrían abordar y analizar desde esas particularidades para lograr, desde allí, una apropiación del conjunto de materiales y recursos que constituye el informe. 

Para ello, la responsabilidad institucional del Estado y del sistema educativo es central, pues el uso social del conocimiento pasa por las aulas, allí se forma e interactúa con quienes serán los futuros profesionales y ciudadanos, razón por la cual conocer la verdad es parte fundamental de su transformación como sujetos políticos, pero sobre todo como sujetos que en el vínculo social sean multiplicadores de esas verdades, asumiendo dicho rol como una obligación ética y política. En coherencia, los centros educativos, los directivos universitarios y todos los actores implicados deben crear las condiciones -junto a los sectores público y privado- para propiciar espacios de producción de verdad, formar a los docentes para que sean orientadores y sus alumnos multiplicadores, para que la memoria no tenga olvido.  

Desde la perspectiva de la ciudadanía cada sujeto, como bien lo decía Marshall, “perteneciente a una comunidad política”, es responsable en esa común-unidad. Es una responsabilidad política y social ciudadana la no repetición como horizonte para la paz total o la paz grande, que no es solamente la intención del Gobierno, sino que debe pasar por un proyecto individual y colectivo al mismo tiempo, una respuesta de todos y todas frente a tantos siglos de dolor y muerte.

Si bien es cierto que se han realizado acciones desde algunas organizaciones sociales e instituciones educativas, es necesario un mayor apoyo e incorporación del informe y los materiales legados por la Comisión a los ámbitos sociales; allí el sistema educativo debe operar como piedra angular para su divulgación, con ideas creativas y didácticas, y con modelos pedagógicos que permitan la apropiación social del informe y su expansión hacia los otros sectores de la vida pública y la vida privada, pues si la responsabilidad del silencio es de todos, ahora es igualmente responsabilidad de todos tratar la verdad como un bien público.

P.D. A un lustro de la entrega del Informe, y con la urgencia que proponen los asuntos políticos en el país, parece que su futuro y sus apropiaciones por parte de la sociedad corren el riesgo de ser una terrible anécdota más en la demencial guerra interminable de Colombia.

Por: Orlando Acosta

Universidad Nacional de Colombia

A propósito del proyecto de reforma pensional del Gobierno nacional se han expresado varias opiniones, algunas de ellas divergentes. Esto es saludable. No somos una comunidad con un pensamiento único. El disenso es bienvenido en una democracia. He recibido numerosas reacciones en mensajes de WhatsApp, telefónicos y personales a la carta del grupo de profesores que contabilizan menos de 1000 semanas cotizadas y a la entrevista de CM&. La inmensa mayoría de ellas expresa solidaridad con los profesores afectados y con el contenido de la entrevista. Sin embargo, hay algunas opiniones interesantes que en público y en privado expresan inusuales e inesperadas razones dirigidas a sustentar no solo la presunta justeza de la propuesta reformatoria sino a sugerir que debiera ser aún más severa y drástica.

En un intercambio de comentarios entre legos en materia de categorización de derechos, se preguntaba sobre la diferencia entre un derecho y un privilegio, cuándo un derecho se puede convertir en un privilegio. Esta palabra tiene una connotación negativa. Parece aludir al acceso injusto o inmerecido a beneficios de diversa índole. Aunque las comparaciones entre los derechos son problemáticas dadas sus categorizaciones, un colega anotaba que en un país violento el derecho fundamental a la vida podría eventualmente convertirse en un privilegio. Aquel que aún está vivo podría ser un privilegiado, está en deuda con aquellos a quienes se les quitó la vida.

Como parte de una discusión respetuosa y académica, se podrían examinar algunas opiniones en favor de la reforma pensional propuesta. Especialmente aquellas referidas a los supuestos o reales privilegios de los profesores universitarios. Me permito resumir lo esencial del contenido de algunas opiniones seleccionadas.

1. Se estaba en mora de ponerle fin a los innumerables privilegios de que gozan quienes utilizaron la educación superior como un trampolín para convertirse en profesores universitarios en una institución pública donde perciben salarios y pensiones que, además de ser privilegios, son inmerecidos e injustos frente a los millones de colombianos que se encuentran en la más profunda miseria.
2. Es moralmente condenable que los profesores reciban altas pensiones subsidiadas por los pobres que nunca tendrán una pensión.
3. Muchos profesores provienen de estratos socioeconómicos bajos que utilizaron de manera deliberada la educación superior para movilizarse a la clase media que se confunde con la opulencia de la clase alta y oligárquica, y ahora en medio de su indolencia se olvidan de la clase social de donde provienen.
4. Los ingresos salariales ubican a los académicos en el percentil 98 hacia arriba entre los asalariados. Es justo que después de gozar y acumular tantos privilegios reciban una pensión modesta que los aproxime a las inmediaciones de los estratos socioeconómicos de donde provinieron.
5. Lo justo es que ojalá se apruebe en el Congreso que Colpensiones les otorgue solamente un salario mínimo y no tres, para que al ir obligatoriamente a fondos privados por un ingreso pensional adicional su tasa de reemplazo final sea solo de 25% a 28% y no de 65% a 80%. Deben pagar su insolidaridad con la clase social de donde salieron.
6. Los autores de la carta pretenden poner en grave riesgo la sostenibilidad del sistema pensional. Si se les aceptan sus peticiones de preservar sus privilegios, se pondría en grave riesgo el pago de las actuales pensiones y de las pensiones futuras de quienes están hoy en regímenes de transición o que tienen cotizadas más de 1000 semanas. No están informados que fue la misma Universidad Nacional la que científicamente asesoró la estructuración de la reforma pensional.
7. Los privilegios de los profesores son tales que gozan de largos periodos de vacaciones, complementados con jugosas primas y exenciones tributarias en sus ingresos clasificados como gastos de representación. Gozan de ingresos adicionales a través de un bono de bienestar. No saben lo que es ganarse el sustento con el sacrifico que caracteriza a los millones de pobres que no tendrán pensión. Sus privilegios se evidencian en la ausencia de callos en sus manos.
8. Sus privilegios llegan al punto de educar a sus hijos en costosos colegios privados y bilingües para luego enviarlos a reconocidas universidades del mundo capitalista desarrollado. Son una verdadera pequeña burguesía arribista. En contraste, los hijos de los pobres van a colegios públicos en ayunas.
9. La Corte Constitucional (Esta es la sentencia aludida: C-461/04) se equivocó al expresar, como si fuera un derecho, que los profesores y rectores tienen un estatus especial en la sociedad por desarrollar la actividad de formación de ciudadanos y que en consecuencia deben ser dignificados en sus ingresos. Es inaudito que el trabajo de los pobres no tenga la misma dignificación en sus ingresos y no se considere igualmente loable. La reforma pensional apunta a dignificar al pobre y a quitarle privilegios al pequeño burgués incrustado en la academia.
10. Como el salario impacta el monto pensional, debe de manera urgente ser derogado el Decreto 1279 de 2002, el cual se ha convertido en un instrumento para obtener salarios desproporcionados que aproximan a los profesores a los ingresos de los ricos y los alejan de los ingresos de los pobres que con dificultad comen una vez al día. Este Decreto profundiza la desigualdad en el ingreso. Los pobres están excluidos de utilizar un instrumento legal similar para aliviar su pobreza.
11. Debe ser eliminada la extensión remunerada porque es un privilegio adicional para quienes la realizan. Solo ha servido para el enriquecimiento personal sin ningún beneficio para los pobres del país. También se le debe poner fin a la producción de patentes que solo sirven para fomentar el capitalismo académico egoísta e insolidario con la inmensa mayoría de pobres.
12. Las entrevistas en los medios se deben utilizar para denunciar y condenar los privilegios de los profesores universitarios, no para defender las inequidades en el ingreso. Éticamente, un profesor universitario debe dar ejemplo de solidaridad y compasión con los desposeídos.

Sobre los anteriores extractos de opiniones se podrían hacer algunos comentarios. Creo que es a Max Weber a quien se le atribuye haber dicho que el hombre rico no está satisfecho de ser rico. Necesita saber que tiene derecho a su riqueza. Quiere estar convencido de que se la merece. En otras palabras, si en comparación con sus semejantes su riqueza es legítima riqueza. Viendo algunos de los comentarios sobre la reforma pensional, pareciera que el salario y la pensión de los profesores(as) son legítimos por encima de 1000 semanas de cotización. Por debajo de este límite arbitrario nada es legítimo y merecido. Nada es un derecho, todo es un privilegio para estos desafortunados colegas.

Es indiscutible que el acceso a la educación superior, la movilidad social, crea desigualdad con relación a quienes no accedieron a ella. Según algunos, una legitimidad meritocrática con ingresos salariales y pensionales muy distantes de aquellos de los excluidos de la educación superior. Condenar como inmerecidos los ingresos de los profesores(as) es como condenar el derecho a la educación superior que les permitió llegar a ese estatus. Es oponerse a que la educación superior contribuya a la movilidad social porque conduce a comodidades que no son un derecho sino un privilegio. El problema moral no es acceder a los beneficios privados de la educación superior, sino que una mayoría de jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos se vea excluida del acceso. La educación superior es un derecho, no un privilegio.

El estado benefactor ha tratado de aliviar estas tensiones distributivas en el ingreso a través de tablas impositivas progresivas. Paga más impuestos el rico que el pobre. Entre más ricos haya, entre más grande y fuerte sea la clase media, más recurso público habrá para ser redistribuido en protección social para los menos favorecidos. Un problema estructural de Colombia es que el 42% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza monetaria. Dada la alta informalidad laboral (más del 64% de la fuerza laboral), solamente el 5% de los ciudadanos paga el 95% de los impuestos y más del 65% de los ciudadanos no reporta ingresos ante la DIAN.

Los derechos laborales, a los que todos debemos tener acceso (y la reforma laboral se orienta a fortalecerlos), parecen confundirse con lo que vaga y peyorativamente se ha llamado ‘privilegios’. En el caso de los docentes universitarios, las vacaciones, las primas, la estabilidad laboral, el acceso a la salud, y un salario decente que se puede incrementar por productividad académica y otros méritos, son derechos laborales que, en muchos casos, han representado largas luchas gremiales y conquistas sindicales que no han sido fáciles de obtener y sobre los cuales existe un marco y un bloque constitucionales, así como una amplia legislación y jurisprudencia.

El salario y la pensión son derechos, no privilegios. Una mesada digna correspondiente a una tasa de reemplazo justa, que permita continuar con el mismo estándar de vida del periodo laboral, también constituye un derecho que debemos defender y preservar. La propuesta de reducir o eliminar derechos laborales apelando al sofisma de que son privilegios y que sus efectos salariales y pensionales deben ser repartidos, distribuidos o diluidos en migajas entre los menos favorecidos, no eliminará la pobreza y las brechas sociales. Al contrario, deben promoverse políticas de acceso a la educación superior de calidad, crecimiento económico y formalización del empleo para garantizar que todos

tengan la oportunidad de ingresar al aparato productivo, acceder a plenitud a los derechos, ingresar y permanecer en la clase media, cotizar lo suficiente al sistema pensional y obtener una pensión digna y decente. Los pobres no deben ser vistos con conmiseración. Tienen dignidad y merecen tener oportunidades de movilidad social, lo cual no se consigue con limosnas. Es creando riqueza, asegurando crecimiento económico inclusivo, como conseguiremos una sociedad más equitativa y próspera. Debilitar y empobrecer a la clase media no es el camino para sacarnos del subdesarrollo.

Algunos de los comentarios en contra de los supuestos privilegios generados por la educación superior podrían estar fortaleciendo la filosofía neoliberal abanderada por Milton Friedman, quien describe la educación superior no como un derecho fundamental sino como una inversión que faculta a quien la utiliza para obtener retornos o rendimientos a su inversión. En esta lógica, señalada como neoliberal, la sociedad no debe financiarla con sus impuestos. Se añade que quien no tenga para realizar esta rentable inversión, que el Estado le preste para que cuando egrese y trabaje se le aplique una especie de impuesto específico, adicional a los impuestos generales, para que reintegre con interés el costo real de su educación.

En materia de pensiones, la filosofía neoliberal prescribe en las recomendaciones del Banco Mundial que cada empleado debe ser el responsable de su pensión a través del ahorro y/o inversión en fondos privados de pensión. El empleador y el Estado cada vez más deben desentenderse de responsabilidades sociales como las pensiones, la salud y la educación. Este es un tema que merece una discusión especial con los expertos en términos del subsidio a las pensiones y la sostenibilidad del sistema pensional. No solo existe la sostenibilidad financiera o social. Recientemente, algunos países en el tema de las reformas pensionales han transitado hacia la denominada sostenibilidad política de las pensiones que se define como la capacidad continua de los formuladores de políticas de pensiones para mantener un consenso con todos los interesados en torno a un conjunto coherente de parámetros del plan de pensiones y evitar el agotamiento o colapso del sistema. Algunos lo resumen como hacer sostenible lo insostenible.

En las declaraciones de algunos colegas en favor de la reforma pensional como una herramienta eficaz para ponerle fin a lo que denominan privilegios no parece haber sinceridad, excepto que haya evidencia de que han renunciado, por ejemplo, a

obtener puntos con beneficio salarial en promoción en categorías, producción académica, títulos académicos, entre otros. O que cumplan con sus obligaciones académicas ad honorem. Cuando se pertenece a un régimen de transición pensional o se tienen más de 1000 semanas cotizadas, es muy fácil hacer el llamado a la solidaridad con los pobres con los ingresos de los demás y no con los propios. Es muy fácil hacer el llamado a que aquellos colegas con menos de 1000 semanas cotizadas deben renunciar a sus presuntos privilegios mientras se preservan los propios.

Los asalariados que devengan mayores salarios no son los culpables de que otros compatriotas devenguen menores salarios o ni siquiera tengan salario. Los profesores(as) son objeto de retención en la fuente, expresan solidaridad pagando impuestos y aportes al fondo de solidaridad pensional. Llama la atención que en las opiniones recibidas a favor de la reforma pensional se condena que los profesores(as) vivan disfrutando de lo que denominan privilegios, pero no se objetan las comodidades en que viven los ricos, los dueños del gran capital, aquellos que en su vejez no requieren de una pensión porque desde la cuna hasta la tumba navegan en la opulencia. Pareciera, según algunas opiniones, que ningún asalariado es digno de disfrutar comodidades y seguridad durante su vida laboral y en la vejez porque esto constituye un condenable privilegio. Tácitamente estos planteamientos sugieren que solo a los ricos les es legítimo vivir dignos y decentes estándares de vida.

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 30 de 1992 y en concordancia con las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, el artículo 4 de esta última ley, establece que el Gobierno Nacional modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados públicos enumerados en el artículo 1º literal a), b) y d),[1] aumentando sus remuneraciones cada año.  Que, dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se está adelantando la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos para el incremento salarial que cobija a los y las profesoras de las universidades públicas del país. En esta medida, la Asociación de profesores de la Universidad de Antioquia -ASOPRUDEA- presenta los siguientes puntos de análisis y solicitudes puntuales:

Si bien en los últimos meses se han publicado artículos de prensa, argumentando que los profesores y profesoras universitarias, tienen salarios exorbitantes, los mismos muestran una realidad muy parcializada, que solo aplica a pocos profesores que logran salarios por encima de la media, gracias a la producción académica que es un derecho consagrado en el Decreto 1279 de 2002. Pero, se puede señalar con total contundencia que la realidad para la mayoría de profesores y profesoras universitarias, es de salarios precarios, muy por debajo de otros servidores públicos como los de la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación, a pesar de tener las más altas cualificaciones, pues para poder ingresar a la carrera docente, la mayoría de las universidades públicas exige título de doctorado y calidades académicas sobresalientes.

Con respecto a otras interpretaciones que señalan los salarios como factor del desfinanciamiento de la Universidad pública, Quimbay y Villabona (2017) aducen claramente que el desfinanciamiento de las universidades estatales en Colombia se asocia directamente con dos aspectos: primero, la disminución relativa y progresiva de los aportes de la Nación a los presupuestos de funcionamiento e inversión de estas universidades, cuyo efecto acumulado implicó que estos aportes fueran reducidos en un 44,4%, durante el período 1993-2015. Y segundo, la desvalorización relativa y progresiva del punto salarial, depreciado con respecto al salario mínimo en un 32,2% durante el período 1995-2017. 

Con relación a la pérdida de poder adquisitivo del punto salarial para profesores y profesoras universitarias, la siguiente gráfica muestra tal depreciación acumulada en el tiempo con respecto al salario mínimo.  Allí, se reporta en barras azules la depreciación anual acumulada desde 1995 hasta 2022.  La barra roja ubicada en 2023 muestra una proyección de 16% de incremento en el punto salarial, de modo que la depreciación se mantenga igual a la del 2022.

En la gráfica se observa que la cifra actualizada de desvalorización del punto salarial, depreciado respecto al salario mínimo, es 36.47% durante el período 1995-2022.  En otras palabras, durante el período 1995-2022, el gremio docente público universitario en Colombia ha tenido una pérdida promedio de poder adquisitivo en cada año desde 1995 hasta 2022 de 1.35%.

Es importante anotar que la Corte Constitucional en sentencia C-710 de 1999, señala un tiempo máximo de vigencia de cada régimen salarial, que debe ir en aumento, al menos año por año, con el fin de resguardar a los trabajadores del negativo impacto que en sus ingresos laborales producen la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida en una economía inflacionaria. (Corte Constitucional, 1999). (Negrita fuera del texto original).

Por consiguiente, solicitamos al Gobierno Nacional un aumento acorde a las realidades salariales del profesorado universitario, golpeado por el proceso inflacionario y con el fin de restablecer condiciones económicas de equilibrio, ya que claramente hay una brecha entre el aumento del salario mínimo y el aumento del punto salarial.  Así, el incremento del salario de los empleados públicos que se está negociando y que cobija a los y las profesoras de universidades públicas debe estar por encima del 16%, para lograr acompasar la realidad inflacionaria y el derecho a un salario vital y móvil.

Por último, exhortamos al gobierno nacional para que sus acciones propendan por la dignificación de la labor del profesorado universitario, la reivindicación del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas y la aplicación del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.

Cordialmente,

JUNTA ASOCIACIÓN DE PROFESORES -ASOPRUDEA-

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Abril de 2023

[1] a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; d) Los miembros de la Fuerza Pública.