Exigimos el restablecimiento inmediato del pago a los docentes de cátedra el día 5 de cada mes, la liquidación del contrato antes del día 20 del mes siguiente a la terminación, el reconocimiento de horas suficientes para la atención a estudiantes, así como la contratación de por lo menos 17 o 18 semanas al semestre dependiendo del curso, sin excusas administrativas y sin imponer a las y los docentes las consecuencias de la desorganización institucional. La Universidad no puede seguir naturalizando que quienes sostienen buena parte de la docencia enfrenten incertidumbre económica, endeudamiento y afectaciones personales por incumplimientos reiterados en el pago de su trabajo. El pago tardío y por valores inferiores a la labor desarrollada no es un error menor; es una forma de precarización laboral y de desconocimiento de la dignidad del profesorado de cátedra.

Exigimos la revisión de los tiempos de contratación del profesorado ocasional con motivo de la calendarización, pues estos cambios han implicado una significativa reducción de días. El estamento no tiene claridad de cuáles son las razones que dieron lugar a esta modificación, y en un momento de formalización este tipo de acciones son contradictorias y carecen de pertinencia. La fragmentación, la demora y/o la reducción en los meses de contratación genera afectaciones graves en la prestación del servicio educativo, debilita los procesos de investigación y extensión, produce impactos negativos sobre el mínimo vital de las y los profesores, así como sobre la continuidad de sus aportes al sistema de seguridad social.

Ratificar y exigir el compromiso institucional de la Universidad de Antioquia (Rectoría, Consejo académico y Consejo Superior Universitario), de toda la comunidad académica y del Ministerio de Educación Nacional con la erradicación de todas las formas de violencia basadas en género y discriminación por racismo y capacitismo en el ámbito universitario, garantizando una respuesta institucional diligente, integral y efectiva para su prevención, atención, investigación y sanción, así como el reconocimiento, la prevención y la atención integral de las violencias de segundo orden contra quienes denuncian violencias, y acompañan o defienden a las víctimas.

Exigimos a la administración universitaria la presentación de un informe claro, suficiente y verificable sobre la destinación y ejecución de los recursos adicionales recibidos, en especial de los 70.000 millones de pesos y de las transferencias anticipadas que realizó el Ministerio de Educación Nacional, en el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. Asimismo, solicitamos la formulación y socialización de un plan de corrección presupuestaria que incorpore medidas orientadas a garantizar los derechos laborales del profesorado, a la atención de las obligaciones institucionales y a la sostenibilidad financiera de la Universidad en el corto, mediano y largo plazo.

Exigimos atención inmediata, seria y con garantías ante las denuncias y las situaciones de acoso laboral que afectan al profesorado. El hostigamiento, la persecución, la intimidación, la sobrecarga arbitraria, la descalificación permanente, las represalias y los tratos degradantes no pueden seguir siendo minimizados ni encubiertos bajo discursos de gestión o de autoridad administrativa. La Universidad debe actuar con celeridad, proteger a las víctimas y realizar investigaciones rigurosas. El acoso laboral destruye trayectorias académicas, afecta la salud mental y vulnera directamente la dignidad humana.

Exigimos garantías reales e inmediatas para la investigación y la sostenibilidad del sistema de revistas académicas, hoy afectados por un proceso de debilitamiento progresivo que amenaza uno de los ejes fundamentales de la Universidad. La investigación no es un lujo ni un componente marginal; es una función misional esencial, sin la cual se empobrecen la docencia, la formación estudiantil, la producción de conocimiento y la capacidad crítica de la institución. El marchitamiento progresivo de este eje, expresado en la insuficiencia presupuestal, la precarización laboral, la fragilidad de los apoyos institucionales y el abandono de los procesos editoriales, constituye una amenaza directa contra la autonomía universitaria y el carácter público de la Universidad. Permitir el deterioro de la investigación es condenar a la Universidad a la pérdida de su capacidad creadora, científica y transformadora. Por ello exigimos acciones urgentes, recursos suficientes y una política decidida de fortalecimiento que detenga este retroceso y garantice la investigación y las revistas académicas como bienes estratégicos de la vida universitaria.

Exigimos el fortalecimiento de los procesos académico-administrativos a cargo de la Dirección de Regionalización. El profesorado ha impulsado espacios de reflexión sobre el estado y las prospectivas de la educación superior en diálogo con lo territorial, los cuales deben ser reconocidos e incorporados en la planeación estratégica. Asimismo, es imperativo hacer efectivo el reconocimiento de lo que implica una universidad multicampus, mediante decisiones y acciones concretas que garanticen, en todos los territorios, procesos de formación, investigación y extensión con calidad, pertinencia y equidad. Se pide, además, la actualización inmediata de la tabla de viáticos para los desplazamientos de las y los profes a regiones.

Exigimos que toda reforma a las normas universitarias que tenga incidencia en las condiciones laborales del profesorado y en los ejes misionales de la Universidad se tramite con plenas garantías de participación, deliberación, publicidad y transparencia. Rechazamos cualquier modificación normativa inconsulta que pueda traducirse en afectaciones regresivas a los derechos laborales de las y los profesores o en un debilitamiento de la docencia, la investigación y la extensión. La legitimidad de las decisiones universitarias depende del respeto efectivo a la democracia universitaria y a la participación sustancial de la comunidad académica. Recordamos que la administración universitaria tiene la obligación de responder de fondo, dentro de los términos legales, a los derechos de petición presentados por el profesorado y de ajustar todas sus actuaciones a los principios de legalidad, eficacia, coordinación, responsabilidad, moralidad administrativa y respeto integral a los derechos humanos y laborales. El profesorado no seguirá cargando con las consecuencias de decisiones arbitrarias, omisiones administrativas y prácticas que lesionan derechos fundamentales y laborales.