Luego de analizar el proyecto de Ley de Rescate Económico, proyecto de ley 477 de 2026 propuesto por el gobierno de Abelardo De La Espriella, que busca realizar un ajuste fiscal estimado entre el 2,4% y el 4,7% del PIB para estabilizar la deuda pública, de acuerdo con las directrices del Fondo Monetario Internacional, y la OCDE, la junta directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, declara:

Esta ley es en realidad una reforma tributaria, que descarga el 20 % de sus ingresos en el recorte del Estado y el 80 % de los mismos en cargas impositivas, que en su mayoría van a ser pagados por las clases media y populares. Este recorte de los gastos estatales podría incluir eliminar cargos de directivos, asesores, vacantes y los empleos temporales (50 % de los contratos de prestación de servicios) además de bajar salarios y primas. Este proyecto pretende que en 2029 y 2030, el gasto de personal del PGN no exceda más de 0,5 puntos por encima de la meta de inflación, es decir empequeñecer el estado (incluidas las Universidades púbicas). Esto en principio se estima que, representaría 57.000 OPS (Órdenes de Prestación de Servicios) y 37.370 plazas menos, es decir 94.370 empleos perdidos, y por ende familias en crisis económica.

El proyecto de Ley propone facultades extraordinarias por 6 meses (artículo 7) para que el presidente pueda suprimir, fusionar y modificar ministerios, superintendencias, departamentos, unidades administrativos especiales y entidades estatales así como establecimientos públicos, y para determinar o modificar su denominación, objetivos, estructura orgánica y naturaleza jurídica, con controles mínimos a la autoridad del ejecutivo (2 senadores, 2 representantes y 4 funcionarios del gobierno) y con alto riesgo para el funcionamiento del estado uno de los más pequeños y reducidos a nivel mundial. Estas medidas podrían generar actos inconstitucionales (reformas inconstitucionales e inconsultas) y la preconfiguración de un régimen autoritario en el que el Congreso habilita al Gobierno a reorganizar el Estado por decreto.

Por esta vía de asignación de facultades extraordinaria al presidente, el proyecto de ley del gobierno tendría impacto en el FOMAG (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), pues ha solicitado auditoría forense y fin del contrato fiduciario con posible eliminación del Fondo. Además, sus docentes pagarían más por salud, y esos recursos adicionales irían al régimen subsidiado, sin capitalizar el fondo. Así mismo la ley libera a los municipios de aportar el 10% de sus ingresos al fondo de pensiones territoriales, FONPET volviendo a la regla que solo aplicaba a departamentos, descapitalizándolo.

Este proyecto, aunque ofrece alivios tributarios de renta a los empleadores (de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028) les genera grandes dificultades porque los vuelve a cargar con el pago de parafiscales que ya no va a aportar el estado, como al ICBF, SENA, y salud, aumentando el costo del empleo formal. Además, estas Minipymes tendrían insumos más caros, menos contratos del estado y riesgo de caer en la reducción de empleos o en la informalidad. Asimismo, el proyecto con la creación del RUGE (Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial) una copia del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) de Javier Milei en Argentina, convierte al país en una Zona Franca al reducir ostensiblemente los impuestos por 16 años (dividendos de 8% para extranjeros, depreciación acelerada y sin impuesto al patrimonio) a las multinacionales extranjeras que pueden invertir grandes capitales en todos los reglones de la economía (infraestructura, energía y minería; industria y economía digital, agroindustria, turismo y servicios). Además, los grupos multinacionales con ingresos consolidados de al menos 750 millones de euros quedarían sujetos a una tasa mínima de tributación depurada del 15 %. Estas medidas dejarían en gran desventaja a los productores agrícolas y a la pequeña y mediana industria colombiana, desmantelando la economía nacional y perdiendo la soberanía nacional a manos de los capitales transnacionales, lo que podría generar el efecto Milei (33.000 empresas nacionales formales, cerradas en dos años, aproximadamente).

Aunque el Proyecto de Ley propone IVA a productos comprados por plataformas digitales, carros híbridos, licores, cerveza, cigarrillos, vapeadores, premios de lotería, bebidas azucaradas y “light” o “zero” con edulcorantes, los juegos de suerte y azar operados por internet, las entradas a cine y eventos deportivos, los servicios de alojamiento web, el carbono, envíos ≤ USD 200, licencias de software, servicios digitales extranjeros, licencias de software, también lo hace para los productos de primera necesidad. Aunque papa, yuca, pan, arepa, salchichón, mortadela, panela, agua, gas y electricidad conservarían la exclusión del IVA (choripanes, salchipapas y agua de panela con arepa) así como productos importados, materias primas y alimentos procesados, los mayores impuestos recaen sobre la canasta familiar y sobre aquello que permite producirla. Es decir, la carga tributaria recae sobre los insumos, fertilizantes, semillas, agroquímicos y maquinaria agrícola, alimentos para animales y los insumos para producirlos, servicios prestados por terceros necesarios para producir alimentos y los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores. Esto tiene marcados efectos negativos sobre la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la producción rural. Así se genera IVA del 19 % a productos de primera necesidad como el café, el chocolate, el cacao en grano, el azúcar, las pastas, los quesos y los granos como fríjoles y lentejas, las frutas como banano, aguacate, mango, y cítricos, muchas verduras, y las hortalizas: tomate, cebolla, zanahoria, lechuga, a los aceites, el biodiesel y la gasolina, además de a la medicina prepagada, y al internet en los estratos 1, 2 y 3. Esta medida aunque contempla un programa de devoluciones llamado EfectIVA, que devolvería el 100% al 30% más pobre del país, (“devolución” ni automática ni universal: subsidio condicionado). Este programa de acuerdo con la experiencia, solo sería efectivo en un pequeño porcentaje debido a que las clases más populares compran usualmente en negocios informales que no generan facturas electrónicas (4,7 millones de hogares pobres).

La ley golpea a la clase media sin devolución de IVA y un mayor cobro de renta. que sube la cotización a salud de quienes ganan más de dos salarios mínimos. Este impacto se hace mayor con la ampliación de la población gravada incluyendo a empleados que ganen desde $3.300.000 después de deducciones con una tarifa marginal del 9 %, la disminución de la exención general del 25 % de los pagos laborales, de 41.4. a 33 millones anuales, la desaparición de la reducción de 72 UVT en la base gravable por dependientes, además del aumento en la retención en la fuente (descuento de nómina) que iría al régimen subsidiado.

En particular los docentes de universidades públicas y sus rectores se ven afectados al ser derogado el numeral 9 del artículo 206 del Estatuto Tributario, eliminando la exención de renta correspondiente a los gastos de representación, reconocida hasta el 50 % de su salario. Esta medida aumenta la base gravable de los profesores, les incrementa el impuesto sobre la renta y reduce su ingreso neto disponible. Así lo profesores perderían, entre el 6,7% y el 19,9% del ingreso neto, de acuerdo con el estudio realizado por la UIS. Además, el Ministerio de Hacienda podría reducir en 2027, y no programar de 2028 a 2030, transferencias ordenadas por ley que no tengan concepto favorable del CONFIS (art. 2). El proyecto no excluye los aportes de la Ley 30. Así, el proyecto también crea restricción fiscal en las universidades, recortando al gasto de personal, y ajustando la contratación (OPS), con menos contratos de profesores de cátedra y ocasionales, afectando la estabilidad de quienes no tienen plaza de planta. Igualmente, la reducción de gastos de funcionamiento y de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) hace difícil invertir en investigación, infraestructura y, en vincular nuevos docentes.

Por último, es necesario dejar en claro que la reforma baja los impuestos a las empresas como el impuesto de renta, y a los más ricos, reduciendo el umbral del impuesto al patrimonio. Así, sube el patrimonio mínimo para pagar el impuesto al patrimonio de $3.771 millones a $5.000 millones, y solo estará vigente hasta 2030. Además, el regularizar activos omitidos o pasivos inexistentes con el 15 % y los criptoactivos, con el 5 % también suele favorecer a capitales foráneos.

En términos generales, esta ley disminuye el ingreso de millones de familias colombianas para atender sus necesidades básicas, la salud, la educación y las obligaciones financieras, generándoles hambre y miseria al verse obligados a dejar de consumir o disminuir el consumo de alimentos, asimismo, desmantela a la pequeña y mediana empresa y al sector agrícola favoreciendo a los capitales trasnacionales, ahoga a la clase media y estanca el desarrollo educativo del país afectando al conectividad de las clases populares y la financiación de la educación pública.

Por estas razones hacemos un llamado a las familias colombianas, a los gremios, a las pequeñas y medianas empresas y a todas las instituciones educativas a rechazar de forma categórica este Proyecto de Ley, porque golpea la dignidad económica de los colombianos y pone en peligro sus instituciones democráticas, que, aunque frágiles, aun permiten pensar en la posibilidad de un país próspero, justo y en paz.

Medellín, 12 de noviembre de 2026.

JUNTA DIRECTIVA

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

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