La pregunta se respira en los pasillos deteriorados de la Universidad de Antioquia. No es un golpe súbito, sino una caída lenta. La institución no se desploma de un día para otro; se va debilitando en silencio, mientras hacia afuera mantiene la sonrisa de la institucionalidad.

Treinta años desde que la Ley 30 fijó el modelo de financiación con su articulado. La fórmula ya era insuficiente entonces y, con el tiempo, la inercia la volvió intocable. Hoy, rectores (por fin) piden reforma, ministros instalan mesas técnicas, congresistas emiten comunicados, y nada cambia. Es la historia de una universidad que quiere crecer con un presupuesto que la condena a la escasez permanente.

Mientras la norma caduca sigue intacta, dentro de la universidad la situación es contradictoria. Se celebra la regionalización como logro político, aunque muchas sedes apenas pueden sostener servicios básicos. Se habla de inclusión, mientras la nómina administrativa crece con privilegios cuestionables. La austeridad se aplica justo donde más duele: en los laboratorios y en los profesores. El dinero, poco, se distribuye de manera deficiente.

La universidad no muere, pero se dobla, se encorva, se acostumbra a la precariedad como un anciano que apenas avanza. Cada semana trae un recorte, deuda, otra construcción apresurada o gasto sin debate ¿Es eso administración o un vaciamiento lento, o un micro trauma repetitivo que enferma?

Lo más doloroso es que buena parte del deterioro no proviene de afuera, sino de adentro. Profesionales formados en la universidad pública, hoy en cargos decisorios, reproducen prácticas que la debilitan. Egresados, exestudiantes y antiguos militantes del discurso de lo público en oficinas climatizadas. La paradoja hiere más que la falta de recursos: ver cómo la institución que los formó se marchita bajo su propia gestión atravesada por dinámicas de poder. ¿Cómo, quienes se nutrieron de ella, se vuelven sus verdugos? Y todo se hace con la sonrisa burocrática de los buenos modales.