Advertimos y criticamos el costo institucional de administrar la crisis como si el problema se resolviera “haciendo ahorros” con los derechos del profesorado; por eso resulta alarmante que la nueva administración se estrene limitando garantías estatutarias con el argumento de la falta de recursos suficientes dentro del techo presupuestal. Ese razonamiento no es neutro ni técnico; es una decisión política que traslada el peso del déficit al profesorado y, cuando la crisis financiera se convierte en coartada para suspender, pausar o vaciar de contenido derechos estatutarios, la Universidad se desplaza de su misión hacia una lógica de caja de corto plazo. Y en una universidad pública, esa lógica no solo empobrece el debate, sino que precariza el trabajo, deteriora la docencia, frena la investigación y debilita la extensión; es decir, socava precisamente aquello que justifica la existencia de la Universidad. Cuando la austeridad se normaliza, deja de ser una medida excepcional y se convierte en una práctica de gobierno; lo “temporal” termina instalado como regla; la urgencia sustituye la deliberación y la universidad queda atrapada en el paradigma de la austeridad permanente, incompatible con una institución cuya misión exige estabilidad, planeación y condiciones materiales dignas para el trabajo académico y administrativo.
Desde una perspectiva jurídica, limitar derechos y garantías estatutarias sin competencia clara, sin motivación reforzada y sin pruebas de necesidad y proporcionalidad compromete principios elementales del Estado Social de Derecho: legalidad, igualdad, publicidad, confianza legítima y autonomía universitaria. No basta con invocar restricciones presupuestales para justificar decisiones que operan como regresión; toda medida que afecte derechos debe explicitar su fundamento normativo, su procedimiento, los criterios objetivos que la orientan y la evidencia que demuestra que no existían alternativas menos lesivas. Cuando se gobierna por “techo presupuestal” sin demostrar por qué el recorte de derechos estatutarios es inevitable y no simplemente conveniente, se sustituye el derecho por la contabilidad, y esa sustitución abre la puerta a arbitrariedades e ilegalidades.
Por eso, este precedente no puede reducirse a un asunto gremial. Está en juego el tipo de universidad pública que se defiende; nadie desconoce la crisis estructural de financiación, pero precisamente por su gravedad exige respuestas estructurales, no soluciones fáciles. Recortar garantías laborales e incentivos académicos es el primer reflejo de una administración que, en vez de enfrentar el problema de fondo, opta por administrar el síntoma a costa de quienes sostienen la misión. Y aquí surge una pregunta que la comunidad universitaria tiene derecho a formular: si existe una ruta anunciada de salvamento y fortalecimiento financiero por parte del gobierno nacional, ¿por qué el primer paso es debilitar el trabajo universitario y no blindarlo? Un plan de rescate serio debería empezar por proteger aquello que produce valor social, como la docencia, la investigación y la extensión, y por ordenar el gasto con criterios misionales, de transparencia y de deliberación.
Es importante subrayar que el problema no es aislado ni se limita a los profesores vinculados: atraviesa todas las formas de vinculación laboral en la universidad (planta, ocasionales, cátedra y administrativos) y, precisamente por ello, su impacto es más profundo. Cuando una situación afecta de manera transversal, deja de ser un conjunto de casos individuales y se convierte en un síntoma estructural del modelo de gestión universitaria, que debería propender a la dignificación del trabajo universitario.
De esta manera, el rector Héctor Iván García aún tiene tiempo de decidir qué marca dejará en su administración. Puede optar por la administración de la escasez, esa que trata a la universidad como una caja que se “cuadra” recortando derechos; o puede gobernar con el rigor que exige un momento de coyuntura como el que vive la universidad: con respeto irrestricto a los estatutos, decisiones motivadas y protección efectiva de las condiciones que hacen posible el trabajo universitario digno. Porque lo que está en juego no es un catálogo de “beneficios”, sino el cumplimiento de un marco normativo que organiza la carrera profesoral y sostiene la calidad institucional. El estamento profesoral no pide privilegios, exige legalidad, coherencia y una verdad que la administración no debería olvidar: cuando se degradan los derechos profesorales, se lesiona al mismo tiempo la capacidad de formar, investigar y servir a la sociedad. Si esta rectoría insiste en medidas regresivas, así se presenten como “temporales” o “inevitables”, no solo precariza el trabajo, sino que normaliza la excepción, erosiona la confianza institucional y envía una señal devastadora: que el déficit puede disminuir a costa de vulnerar derechos y una universidad que acepta eso se condena a perder mañana lo único que no se recompone con un ajuste presupuestal: su legitimidad, su excelencia y su razón de ser.