Sobre la matriz de acciones presentada por la Universidad de Antioquia como respuesta a la fijación de condiciones del Ministerio de Educación Nacional
La Representación Profesoral ante el Consejo Superior Universitario, la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA— y la Mesa Ético-Política de la Asamblea General del Profesorado expresamos nuestra profunda preocupación por el contenido, el alcance y el procedimiento seguido para la construcción de la matriz denominada Acciones – Respuesta a cumplimiento fijación de condiciones MEN, que, de manera reciente, publicó la actual Administración de la Universidad y que, según se indica en el propio documento, se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional.
Resulta especialmente grave que una matriz con efectos directos sobre el desarrollo de la formación de pregrado y posgrado, el régimen profesoral, las condiciones laborales, los estímulos académicos, la investigación, la extensión, la dedicación exclusiva, las actividades especiales, las comisiones de estudio, los años sabáticos, las horas cátedra, la asignación de puntos salariales y, en general, sobre el funcionamiento misional de la Universidad, haya sido formulada y remitida sin una deliberación previa, amplia y vinculante con el Consejo Superior Universitario, los órganos académicos competentes, las representaciones y asociaciones profesorales y por esta vía, con el conjunto del profesorado. Una decisión de esta magnitud no puede tramitarse como un simple instrumento técnico de cumplimiento administrativo y financiero, pues compromete aspectos sustantivos del modelo universitario y de los derechos laborales y académicos de quienes sostienen cotidianamente las funciones misionales de la institución.
La Universidad no puede convertir una matriz administrativa de saneamiento financiero en una vía silenciosa para modificar, de hecho, el Estatuto Profesoral. Mucho menos puede presentar posteriormente, como “exigencias del MEN”, decisiones que, en realidad, han sido formuladas por la propia administración universitaria y que, por su naturaleza e impacto, deben someterse al debate democrático, jurídico, académico y estatutario correspondiente. Como profesorado, reconocemos la gravedad de la situación financiera de la Universidad y la necesidad de adoptar medidas serias, transparentes y responsables que garanticen su sostenibilidad. Sin embargo, rechazamos que la crisis fiscal se tramite mediante disposiciones regresivas que afecten derechos laborales y académicos, desconozcan el carácter misional de la labor profesoral o debiliten las condiciones institucionales que hacen posible la docencia, la investigación, la extensión y la administración académica.
Por lo anterior, en ejercicio del derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley Estatutaria 1755 de 2015 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), así como por el artículo 20 del Estatuto General de la Universidad de Antioquia (Acuerdo Superior 01 de 1994), solicitamos a la Administración:
- Suspender cualquier trámite, implementación o expedición de actos administrativos derivados de esta matriz que afecten los derechos laborales o académicos del profesorado.
- Presentar formalmente la matriz completa ante el Consejo Superior Universitario, indicando qué acciones fueron solicitadas expresamente por el MEN y qué fue propuesto por la Administración, especificando además las acciones que requieren modificación de normas vigentes y cuáles requieren de una nueva normativa que deba ser tramitada ante los órganos colegiados.
- Publicar todos los documentos, comunicaciones, observaciones, requerimientos y respuestas intercambiados con el Ministerio de Educación Nacional en relación con la fijación de condiciones.
- Garantizar una mesa técnica de discusión sobre derechos profesorales con participación efectiva de ASOPRUDEA, las representaciones profesorales ante los órganos de gobierno universitario, la Mesa Ético-Política de la Asamblea General del Profesorado y demás expresiones organizativas del profesorado.
- Abstenerse de presentar como imposiciones del MEN medidas que no hayan sido expresamente ordenadas por esa cartera y que correspondan a decisiones internas de política administrativa o presupuestal.
- Respetar integralmente el Estatuto Profesoral: Acuerdo Superior 083 de 1996, el Decreto 1279 por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales, los Acuerdos Superiores y Académicos vigentes, los acuerdos sindicales, los derechos adquiridos, la confianza legítima, el debido proceso y la autonomía universitaria.
- Llevar a la base profesoral, para debate público y deliberación informada, cualquier propuesta que modifique la dedicación exclusiva, el año sabático, las comisiones de estudio, las comisiones posdoctorales, las actividades especiales, los puntos salariales, las horas cátedra, los estímulos, las bonificaciones o la compensación docente o el desarrollo de proyectos de investigación o extensión.
Al mismo tiempo, solicitamos respetuosamente a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional no aprobar el informe de fijación de condiciones hasta que no se adelanten ejercicios de análisis de las acciones con el estamento profesoral y con los máximos órganos de gobierno universitario, es decir, Consejo Superior Universitario y Consejo Académico.
Finalmente, a la comunidad profesoral la invitamos a mantenerse alerta y a no permitir que, bajo el lenguaje de la sostenibilidad financiera, se tramite una reforma regresiva del régimen profesoral ni un cambio silencioso del modelo de universidad investigadora que hoy caracteriza a la Universidad de Antioquia. Debemos defender colectivamente la Universidad pública, la autonomía universitaria, la dignidad del trabajo académico y las condiciones materiales que hacen posible la docencia, la investigación, la extensión y la formación de alto nivel.
La sostenibilidad financiera de la Universidad no puede construirse debilitando a quienes sostienen su misión, reduciendo la investigación a criterios de productividad inmediata o subordinando el proyecto académico a una lógica de contención fiscal. La crisis presupuestal exige transparencia, participación, responsabilidad estatal y defensa de la educación pública; no precarización profesoral, restricción de derechos laborales ni renuncia al carácter investigativo, crítico y público de nuestra Universidad.
En el documento que aparece a continuación se presenta un análisis detallado de las acciones que generan mayor preocupación y requieren una discusión urgente por parte de la comunidad universitaria.