Por: Orlando Acosta

Universidad Nacional de Colombia

A propósito del proyecto de reforma pensional del Gobierno nacional se han expresado varias opiniones, algunas de ellas divergentes. Esto es saludable. No somos una comunidad con un pensamiento único. El disenso es bienvenido en una democracia. He recibido numerosas reacciones en mensajes de WhatsApp, telefónicos y personales a la carta del grupo de profesores que contabilizan menos de 1000 semanas cotizadas y a la entrevista de CM&. La inmensa mayoría de ellas expresa solidaridad con los profesores afectados y con el contenido de la entrevista. Sin embargo, hay algunas opiniones interesantes que en público y en privado expresan inusuales e inesperadas razones dirigidas a sustentar no solo la presunta justeza de la propuesta reformatoria sino a sugerir que debiera ser aún más severa y drástica.

En un intercambio de comentarios entre legos en materia de categorización de derechos, se preguntaba sobre la diferencia entre un derecho y un privilegio, cuándo un derecho se puede convertir en un privilegio. Esta palabra tiene una connotación negativa. Parece aludir al acceso injusto o inmerecido a beneficios de diversa índole. Aunque las comparaciones entre los derechos son problemáticas dadas sus categorizaciones, un colega anotaba que en un país violento el derecho fundamental a la vida podría eventualmente convertirse en un privilegio. Aquel que aún está vivo podría ser un privilegiado, está en deuda con aquellos a quienes se les quitó la vida.

Como parte de una discusión respetuosa y académica, se podrían examinar algunas opiniones en favor de la reforma pensional propuesta. Especialmente aquellas referidas a los supuestos o reales privilegios de los profesores universitarios. Me permito resumir lo esencial del contenido de algunas opiniones seleccionadas.

1. Se estaba en mora de ponerle fin a los innumerables privilegios de que gozan quienes utilizaron la educación superior como un trampolín para convertirse en profesores universitarios en una institución pública donde perciben salarios y pensiones que, además de ser privilegios, son inmerecidos e injustos frente a los millones de colombianos que se encuentran en la más profunda miseria.
2. Es moralmente condenable que los profesores reciban altas pensiones subsidiadas por los pobres que nunca tendrán una pensión.
3. Muchos profesores provienen de estratos socioeconómicos bajos que utilizaron de manera deliberada la educación superior para movilizarse a la clase media que se confunde con la opulencia de la clase alta y oligárquica, y ahora en medio de su indolencia se olvidan de la clase social de donde provienen.
4. Los ingresos salariales ubican a los académicos en el percentil 98 hacia arriba entre los asalariados. Es justo que después de gozar y acumular tantos privilegios reciban una pensión modesta que los aproxime a las inmediaciones de los estratos socioeconómicos de donde provinieron.
5. Lo justo es que ojalá se apruebe en el Congreso que Colpensiones les otorgue solamente un salario mínimo y no tres, para que al ir obligatoriamente a fondos privados por un ingreso pensional adicional su tasa de reemplazo final sea solo de 25% a 28% y no de 65% a 80%. Deben pagar su insolidaridad con la clase social de donde salieron.
6. Los autores de la carta pretenden poner en grave riesgo la sostenibilidad del sistema pensional. Si se les aceptan sus peticiones de preservar sus privilegios, se pondría en grave riesgo el pago de las actuales pensiones y de las pensiones futuras de quienes están hoy en regímenes de transición o que tienen cotizadas más de 1000 semanas. No están informados que fue la misma Universidad Nacional la que científicamente asesoró la estructuración de la reforma pensional.
7. Los privilegios de los profesores son tales que gozan de largos periodos de vacaciones, complementados con jugosas primas y exenciones tributarias en sus ingresos clasificados como gastos de representación. Gozan de ingresos adicionales a través de un bono de bienestar. No saben lo que es ganarse el sustento con el sacrifico que caracteriza a los millones de pobres que no tendrán pensión. Sus privilegios se evidencian en la ausencia de callos en sus manos.
8. Sus privilegios llegan al punto de educar a sus hijos en costosos colegios privados y bilingües para luego enviarlos a reconocidas universidades del mundo capitalista desarrollado. Son una verdadera pequeña burguesía arribista. En contraste, los hijos de los pobres van a colegios públicos en ayunas.
9. La Corte Constitucional (Esta es la sentencia aludida: C-461/04) se equivocó al expresar, como si fuera un derecho, que los profesores y rectores tienen un estatus especial en la sociedad por desarrollar la actividad de formación de ciudadanos y que en consecuencia deben ser dignificados en sus ingresos. Es inaudito que el trabajo de los pobres no tenga la misma dignificación en sus ingresos y no se considere igualmente loable. La reforma pensional apunta a dignificar al pobre y a quitarle privilegios al pequeño burgués incrustado en la academia.
10. Como el salario impacta el monto pensional, debe de manera urgente ser derogado el Decreto 1279 de 2002, el cual se ha convertido en un instrumento para obtener salarios desproporcionados que aproximan a los profesores a los ingresos de los ricos y los alejan de los ingresos de los pobres que con dificultad comen una vez al día. Este Decreto profundiza la desigualdad en el ingreso. Los pobres están excluidos de utilizar un instrumento legal similar para aliviar su pobreza.
11. Debe ser eliminada la extensión remunerada porque es un privilegio adicional para quienes la realizan. Solo ha servido para el enriquecimiento personal sin ningún beneficio para los pobres del país. También se le debe poner fin a la producción de patentes que solo sirven para fomentar el capitalismo académico egoísta e insolidario con la inmensa mayoría de pobres.
12. Las entrevistas en los medios se deben utilizar para denunciar y condenar los privilegios de los profesores universitarios, no para defender las inequidades en el ingreso. Éticamente, un profesor universitario debe dar ejemplo de solidaridad y compasión con los desposeídos.

Sobre los anteriores extractos de opiniones se podrían hacer algunos comentarios. Creo que es a Max Weber a quien se le atribuye haber dicho que el hombre rico no está satisfecho de ser rico. Necesita saber que tiene derecho a su riqueza. Quiere estar convencido de que se la merece. En otras palabras, si en comparación con sus semejantes su riqueza es legítima riqueza. Viendo algunos de los comentarios sobre la reforma pensional, pareciera que el salario y la pensión de los profesores(as) son legítimos por encima de 1000 semanas de cotización. Por debajo de este límite arbitrario nada es legítimo y merecido. Nada es un derecho, todo es un privilegio para estos desafortunados colegas.

Es indiscutible que el acceso a la educación superior, la movilidad social, crea desigualdad con relación a quienes no accedieron a ella. Según algunos, una legitimidad meritocrática con ingresos salariales y pensionales muy distantes de aquellos de los excluidos de la educación superior. Condenar como inmerecidos los ingresos de los profesores(as) es como condenar el derecho a la educación superior que les permitió llegar a ese estatus. Es oponerse a que la educación superior contribuya a la movilidad social porque conduce a comodidades que no son un derecho sino un privilegio. El problema moral no es acceder a los beneficios privados de la educación superior, sino que una mayoría de jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos se vea excluida del acceso. La educación superior es un derecho, no un privilegio.

El estado benefactor ha tratado de aliviar estas tensiones distributivas en el ingreso a través de tablas impositivas progresivas. Paga más impuestos el rico que el pobre. Entre más ricos haya, entre más grande y fuerte sea la clase media, más recurso público habrá para ser redistribuido en protección social para los menos favorecidos. Un problema estructural de Colombia es que el 42% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza monetaria. Dada la alta informalidad laboral (más del 64% de la fuerza laboral), solamente el 5% de los ciudadanos paga el 95% de los impuestos y más del 65% de los ciudadanos no reporta ingresos ante la DIAN.

Los derechos laborales, a los que todos debemos tener acceso (y la reforma laboral se orienta a fortalecerlos), parecen confundirse con lo que vaga y peyorativamente se ha llamado ‘privilegios’. En el caso de los docentes universitarios, las vacaciones, las primas, la estabilidad laboral, el acceso a la salud, y un salario decente que se puede incrementar por productividad académica y otros méritos, son derechos laborales que, en muchos casos, han representado largas luchas gremiales y conquistas sindicales que no han sido fáciles de obtener y sobre los cuales existe un marco y un bloque constitucionales, así como una amplia legislación y jurisprudencia.

El salario y la pensión son derechos, no privilegios. Una mesada digna correspondiente a una tasa de reemplazo justa, que permita continuar con el mismo estándar de vida del periodo laboral, también constituye un derecho que debemos defender y preservar. La propuesta de reducir o eliminar derechos laborales apelando al sofisma de que son privilegios y que sus efectos salariales y pensionales deben ser repartidos, distribuidos o diluidos en migajas entre los menos favorecidos, no eliminará la pobreza y las brechas sociales. Al contrario, deben promoverse políticas de acceso a la educación superior de calidad, crecimiento económico y formalización del empleo para garantizar que todos

tengan la oportunidad de ingresar al aparato productivo, acceder a plenitud a los derechos, ingresar y permanecer en la clase media, cotizar lo suficiente al sistema pensional y obtener una pensión digna y decente. Los pobres no deben ser vistos con conmiseración. Tienen dignidad y merecen tener oportunidades de movilidad social, lo cual no se consigue con limosnas. Es creando riqueza, asegurando crecimiento económico inclusivo, como conseguiremos una sociedad más equitativa y próspera. Debilitar y empobrecer a la clase media no es el camino para sacarnos del subdesarrollo.

Algunos de los comentarios en contra de los supuestos privilegios generados por la educación superior podrían estar fortaleciendo la filosofía neoliberal abanderada por Milton Friedman, quien describe la educación superior no como un derecho fundamental sino como una inversión que faculta a quien la utiliza para obtener retornos o rendimientos a su inversión. En esta lógica, señalada como neoliberal, la sociedad no debe financiarla con sus impuestos. Se añade que quien no tenga para realizar esta rentable inversión, que el Estado le preste para que cuando egrese y trabaje se le aplique una especie de impuesto específico, adicional a los impuestos generales, para que reintegre con interés el costo real de su educación.

En materia de pensiones, la filosofía neoliberal prescribe en las recomendaciones del Banco Mundial que cada empleado debe ser el responsable de su pensión a través del ahorro y/o inversión en fondos privados de pensión. El empleador y el Estado cada vez más deben desentenderse de responsabilidades sociales como las pensiones, la salud y la educación. Este es un tema que merece una discusión especial con los expertos en términos del subsidio a las pensiones y la sostenibilidad del sistema pensional. No solo existe la sostenibilidad financiera o social. Recientemente, algunos países en el tema de las reformas pensionales han transitado hacia la denominada sostenibilidad política de las pensiones que se define como la capacidad continua de los formuladores de políticas de pensiones para mantener un consenso con todos los interesados en torno a un conjunto coherente de parámetros del plan de pensiones y evitar el agotamiento o colapso del sistema. Algunos lo resumen como hacer sostenible lo insostenible.

En las declaraciones de algunos colegas en favor de la reforma pensional como una herramienta eficaz para ponerle fin a lo que denominan privilegios no parece haber sinceridad, excepto que haya evidencia de que han renunciado, por ejemplo, a

obtener puntos con beneficio salarial en promoción en categorías, producción académica, títulos académicos, entre otros. O que cumplan con sus obligaciones académicas ad honorem. Cuando se pertenece a un régimen de transición pensional o se tienen más de 1000 semanas cotizadas, es muy fácil hacer el llamado a la solidaridad con los pobres con los ingresos de los demás y no con los propios. Es muy fácil hacer el llamado a que aquellos colegas con menos de 1000 semanas cotizadas deben renunciar a sus presuntos privilegios mientras se preservan los propios.

Los asalariados que devengan mayores salarios no son los culpables de que otros compatriotas devenguen menores salarios o ni siquiera tengan salario. Los profesores(as) son objeto de retención en la fuente, expresan solidaridad pagando impuestos y aportes al fondo de solidaridad pensional. Llama la atención que en las opiniones recibidas a favor de la reforma pensional se condena que los profesores(as) vivan disfrutando de lo que denominan privilegios, pero no se objetan las comodidades en que viven los ricos, los dueños del gran capital, aquellos que en su vejez no requieren de una pensión porque desde la cuna hasta la tumba navegan en la opulencia. Pareciera, según algunas opiniones, que ningún asalariado es digno de disfrutar comodidades y seguridad durante su vida laboral y en la vejez porque esto constituye un condenable privilegio. Tácitamente estos planteamientos sugieren que solo a los ricos les es legítimo vivir dignos y decentes estándares de vida.