Educación posgradual gratuita y de calidad

Juan Camilo Domínguez, Instituto de Estudios Regionales, UdeA

Ganó la Presidencia de la República la opción que más claramente enarboló las banderas de una educación superior gratuita y de calidad. Es hora de celebrar, pero también de proponer. Y lo que le hace falta a las propuestas sobre educación superior gratuita es un programa de financiación directa de la educación superior de posgrados. La Ley 30 de 1992 dejó por fuera de la financiación del Estado a la educación posgradual en Colombia. Si educarse a nivel profesional es un privilegio, obtener un título de Especialización, Maestría y Doctorado pasa a niveles mitológicos o trágicos, porque implica para miles de estudiantes el tener que trabajar para estudiar lo que riñe directamente con el sentido de la formación posgradual y gastarse sus ingresos en pagar una matrícula que en las universidades públicas en el nivel de maestría ronda los siete salarios mínimos mensuales y en el nivel doctoral ronda los diez o, endeudarse para pagar los más de veinte millones que vale un programa de maestría o los más de 70 que vale un programa doctoral. Poco, muy poco avanza la ciencia, la producción de nuevo conocimiento, el diseño e implementación de políticas públicas, las propuestas de mejora de miles de prácticas industriales, comerciales o de investigación en ciencias sociales en un país si quienes tienen el talento encuentran una barrera de decenas de millones de pesos. Si la universidad pública de la Colombia del presente y del futuro quiere dar un verdadero salto cualitativo en su capacidad de aportar a las trasformaciones que vienen requiere quitar la barrera monetaria del ingreso en los posgrados.

Que ningún egresado de Colombia, de universidad pública o privada, tenga que pensar en cómo pagar su formación en posgrados ya pasa de ser una utopía a una posibilidad y esto se da gracias a que hoy, ya de facto las universidades públicas cofinancian con el tiempo de sus docentes pagados con los recursos de la Ley 30 más del 50% del costo de funcionamiento de los programas. Si las universidades públicas cobraran el 100% del costo real de cada programa de posgrado estarían a la par o incluso por encima del valor de las matrículas de las universidades privadas de la élite colombiana. Así que un aumento en los ingresos de las universidades en una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 también debería verse reflejado en una mayor capacidad de reducción de costos de los posgrados, incluso llevándolos a cero.

Sometidos al debate de la financiación de la educación superior pública, debatamos de fondo la financiación de TODA la educación superior pública, saquemos por fin de las garras del neoliberalismo el talento relegado por la falta de financiación de los programas de posgrados. Eliminemos la frontera entre los recursos de la Ley 30 destinados a la educación técnica, tecnológica y profesional y los recursos propios que los programas de posgrados deben conseguir con las matrículas de sus estudiantes; eliminemos así estas dos universidades que co existen, una pública y de matrícula 0 y una pública, pero a su vez privada, de matrícula millonaria. La educación posgradual debe ser para todos, no solo para los mejores graduados o para quienes tienen capacidad de endeudamiento o paciencia para aplazar su plan de vida mientras eligen entre matricula o emancipación, matrícula o casa propia, matricula o vida. Que el único criterio para presentarse y ser admitido a un programa de posgrado sea el mérito no la capacidad de pago.

Que la educación sea pública, gratuita y de calidad para todos y en todos los niveles realmente existentes y que tras un debate serio podamos decir como hoy decimos en lo electoral: ¡Sí se pudo! Claro que se puede.