La verdad debe ser un bien público, un derecho y un deber ineludible. Francisco de Roux
Por: John Mario Muñoz Lopera, vicepresidente Junta Directiva, Asoprudea
Profesor titular, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Unidad de Paz, Universidad de Antioquia
El legado de la Comisión de la Verdad y su apropiación por parte de la sociedad parecen perderse en el tiempo; ha pasado un año de la presentación del informe y poco se ha hecho para lograr su divulgación más ampliamente. Esta realidad hace necesaria y urgente la planeación institucional e intersectorial para que esas páginas y relatos -paridos con dolor en los rincones donde la muerte y los hechos de violencia hacían su carnaval, su ritual de sangre y silencio estatal- lleguen a todos los colombianos.
Al respecto debemos preguntar: ¿dónde queda la verdad acerca de los 450 mil asesinatos (según los registros oficiales del informe de la Comisión) o de los 800 mil (de los subregistros que datan del periodo entre 1985 y 2018), donde el Departamento de Antioquia es el escenario de un 28 % de esos totales?; ¿dónde la de 121 mil desapariciones forzadas, o del subregistro que asciende a 210 mil, en las cuales Antioquia aporta un 23 % de las víctimas?; y ¿dónde queda la verdad de más de 30 mil niños y niñas reclutados para la guerra, o de las ejecuciones extrajudiciales o llamados “falsos positivos” -que superaron las 6.042 víctimas-, o de los 179.076 asesinatos selectivos registrados entre 1958 y 2021? Desde la firma del Acuerdo de Paz de la Habana, el asesinato de líderes y lideresas sociales suma más de 1.327 víctimas; entre 1995 y 2004 los despojados de sus tierras fueron más de 8 millones; las personas víctimas de actos de violencia contra la libertad e integridad sexual superan las 32.446, de las cuales el 92 % corresponde a niñas y mujeres; ¿y qué de las cifras de exiliados, extorsiones, secuestros y tantas otras bajezas de la guerra que continúan en crecimiento? Una cifra que deja mucho que interrogar acerca del por qué, para qué y contra quién se materializa la guerra, es la de que el 80 % de las personas asesinadas durante el conflicto que cubre el análisis de la Comisión fueron civiles, mientras que el 20 %, combatientes; ella deja claro que la danza de los jinetes de la muerte se ensaña contra la indefensa población civil… a ellos y ellas, a sus familiares, a sus descendientes, le debemos la verdad.
Es igualmente necesario que en un país con poca memoria nos preguntemos ¿qué pasó con tantas víctimas y con el apremio por conocer la verdad para no repetir hechos que parecen no tener fin?; ¿qué dicen los responsables materiales e intelectuales de estas atrocidades?; ¿por qué tanta desidia institucional ante la divulgación y apropiación social del informe de la Comisión?; ¿por qué las autoridades públicas no han realizado actos de perdón institucional en relación con los hechos sucedidos en sus territorios y develados por la Comisión, como ejemplo para los sectores sociales que lideran?; ¿por qué no ven en ello una oportunidad de trabajo intersectorial que aporte a la verdad como posibilidad de no repetición?
Las más de 10 mil páginas -impresas en 10 libros-, el Archivo del Esclarecimiento de la Verdad, la Transmedia Digital de la Comisión y los eventos realizados por el equipo de la misma, no pueden sepultarse en el olvido; este material debe servir de base para la formación de los futuros profesionales en todas las áreas y apoyar la imperiosa formación sociopolítica hacia una nueva ciudadanía que vea un horizonte diferente al de la guerra, del cual queremos y debemos salir. El material legado por la Comisión dispone contextos generales de elucidación de la guerra, pero también deja un testimonio sobre asuntos específicos o de interés particular, mostrando, por ejemplo, qué sucedió durante el conflicto colombiano con los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, la población LGBTIQ+, las negritudes, los indígenas y las comunidades raizales, el exilio de miles de compatriotas, la violación de derechos humanos, entre muchos más; estos temas se podrían abordar y analizar desde esas particularidades para lograr, desde allí, una apropiación del conjunto de materiales y recursos que constituye el informe.
Para ello, la responsabilidad institucional del Estado y del sistema educativo es central, pues el uso social del conocimiento pasa por las aulas, allí se forma e interactúa con quienes serán los futuros profesionales y ciudadanos, razón por la cual conocer la verdad es parte fundamental de su transformación como sujetos políticos, pero sobre todo como sujetos que en el vínculo social sean multiplicadores de esas verdades, asumiendo dicho rol como una obligación ética y política. En coherencia, los centros educativos, los directivos universitarios y todos los actores implicados deben crear las condiciones -junto a los sectores público y privado- para propiciar espacios de producción de verdad, formar a los docentes para que sean orientadores y sus alumnos multiplicadores, para que la memoria no tenga olvido.
Desde la perspectiva de la ciudadanía cada sujeto, como bien lo decía Marshall, “perteneciente a una comunidad política”, es responsable en esa común-unidad. Es una responsabilidad política y social ciudadana la no repetición como horizonte para la paz total o la paz grande, que no es solamente la intención del Gobierno, sino que debe pasar por un proyecto individual y colectivo al mismo tiempo, una respuesta de todos y todas frente a tantos siglos de dolor y muerte.
Si bien es cierto que se han realizado acciones desde algunas organizaciones sociales e instituciones educativas, es necesario un mayor apoyo e incorporación del informe y los materiales legados por la Comisión a los ámbitos sociales; allí el sistema educativo debe operar como piedra angular para su divulgación, con ideas creativas y didácticas, y con modelos pedagógicos que permitan la apropiación social del informe y su expansión hacia los otros sectores de la vida pública y la vida privada, pues si la responsabilidad del silencio es de todos, ahora es igualmente responsabilidad de todos tratar la verdad como un bien público.
P.D. A un lustro de la entrega del Informe, y con la urgencia que proponen los asuntos políticos en el país, parece que su futuro y sus apropiaciones por parte de la sociedad corren el riesgo de ser una terrible anécdota más en la demencial guerra interminable de Colombia.