La propuesta de reforma que el gobierno viene impulsando frente a la Ley Estatutaria de Educación es muy importantes para el futuro de la educación en el país, no solo porque sugieren un cambio y una articulación en los ciclos de formación, sino porque agregan la propuesta los grados 12 y 13 –desde las escuelas normalistas– como articuladores entre el sistema de secundaria, el posmedio y la educación superior.

Esta reforma a la educación traza unos elementos centrales. El principal, sin duda, alude a la educación como un derecho fundamental, recogiendo así las recomendaciones de la declaración universal de los derechos humanos y los alcances de diversas sentencias de la Corte Constitucional. De igual modo, plantea algunos principios claros tales como: equidad para el cierre de brechas sociales; universalidad para evitar las discriminaciones; inclusión para la eliminación de barreras étnicas, sexuales, religiosas, y aquellas relacionadas con discapacidades y trastornos de aprendizajes, entre otras; pertinencia con respecto a la diversidad y la incorporación del desarrollo técnico y tecnológico; autonomía escolar para la organización de los planes de estudio; interculturalidad para el reconocimiento de la prácticas culturales y comunitarias; identidad cultural mediante la valoración de la etnoeducación en comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, ROM; protección de la comunidades orientada al respeto de sus costumbres y saberes; eficiencia en el uso de los recursos; progresividad –ampliación gradual– de la oferta y la cobertura; sostenibilidad para el logro del derecho fundamental a la educación; gratuidad estipulada en la Ley 2307 del 2023; enfoque territorial para el reconocimiento de lasparticularidades de cada territorio; transparencia para la gestión pública clara e imparcial; enfoque de género para superar la desigualdades existentes en las relaciones de género; perspectivas de diversidad como una condición inherente al ser humano; democracia para una gestión participativa en los entornos escolares; libertad de cátedra en armonía con los postulados que contempla el marco constitucional. Así mismo, calendas. plantea a la asequibilidad como la debida y progresiva disposición de los recursos; a la accesibilidad como la no discriminación material, económica y geográfica; a la aceptabilidad como conducente a potenciar la calidad e idoneidad; y a la adaptabilidad como gestora de la permanencia y la adecuación, evitando así la deserción y favoreciendo la generación de entornos necesarios para la formación integral.

El desarrollo de estos principios y disposiciones requiere unos marcos desarrolladores vía políticas públicas de carácter nacional, regional, sectorial, territorial con enfoque en derechos y diversidades, entre otros. Dicha Ley, en su carácter constitucional, incorpora la formación integral en todos los niveles y modalidades: formación en ciencia, tecnología e innovación; formación en artes, culturas y saberes; formación para la ciudadanía y la paz; actividad física, recreativa y deportes.

Los retos de este proyecto de ley no son menores: por un lado, debe pasar un trámite legislativo que requiere una mayoría en el Congreso; y, por otro lado, debe desarrollar estos principios y fundamentos vía políticas públicas. Frente al primero, ¿tiene el gobierno la fuerza en el Congreso para que se apruebe esta ley, o las movilizaciones y las calles tienen la fuerza suficiente para exigir a un Congreso en oposición que la apruebe?; en relación al segundo, ¿están las instituciones de educación del país reflexionando, analizando y proyectando encuentros para materializar estas intenciones y aspiraciones del gobierno actual? El desafío es complejo, pues su logro requiere de varios asuntos que parecen no venirse dando: por un lado, la necesidad de que los congresistas legislen más allá del interés partidista o en contra del gobierno actual, frenando de tal manera los réditos políticos que ello traería y procurando, por el contrario, pensar en la mayoría de los y las ciudadanos y ciudadanas excluidos del sistema educativo y privados del derecho a una educación integral –desde la cuna hasta la universidad–; por otro lado, aún no se vislumbran en el horizonte las reflexiones, la organización del sector educativo ni las estrategias de este sistema para empezar los debates que propone la ley y lograr su traducción en el desarrollo de políticas públicas; tampoco se ve una organización fuerte del sector educativo que permita que este derecho fundamental sea aprobado por el legislativo, por lo que serán, sin duda, el entorno político de la calle, la movilización y la organización, escenarios clave para lograr su aprobación.