La crisis financiera de la Universidad de Antioquia entra en una nueva fase con la llegada del profesor Héctor Iván García a la rectoría. El ajuste presupuestal es apenas una parte del debate: también se discute el rumbo administrativo para enfrentar la coyuntura y las decisiones que marcarán la institución en los próximos años. Bajo vigilancia especial, su gestión arranca con un desafío inmediato: estabilizar las cuentas sin erosionar derechos ni afectar la misión universitaria. Por eso, el llamado al rector debe formularse sin ambigüedades: proteger los derechos del profesorado y del conjunto de trabajadores universitarios no es una consigna gremial, sino una condición institucional para sostener la docencia, la investigación y la extensión. En escenarios de restricción, la legitimidad del gobierno universitario se mide, en buena parte, por su capacidad para impedir que la crisis se convierta en coartada para decisiones regresivas que afecten la dignidad del trabajo y debiliten los ejes misionales de la universidad.

En los últimos días se han planteado discusiones en el más alto nivel del gobierno universitario sobre decisiones que impactarían aspectos centrales del Estatuto profesoral y del sistema de incentivos académicos, como, por ejemplo, la compensación salarial, las dedicaciones exclusivas, el año sabático y las comisiones de estudio y posdoctorales, derechos que han operado como dispositivos institucionales de calidad, ligados a la formación avanzada, la producción científica, la internacionalización, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de programas de pregrado y posgrado. Suprimirlas o “suspenderlas” sin un sustento sólido altera el ecosistema que permite a la universidad cumplir su misión.

Además, el riesgo no se limita al profesorado de planta y, de hecho, ya se está extendiendo a otros sectores del trabajo universitario. La reducción de contratos de cátedra y la terminación de vínculos de empleo de personal administrativo muestran que la lógica del recorte está impactando primero a quienes tienen menor estabilidad y menor capacidad de defensa institucional. Si se instala la idea de que la salida a la crisis financiera consiste en recortar garantías, el efecto se expande con rapidez a docentes ocasionales y de cátedra, al personal administrativo con vínculos precarios y a trabajadores tercerizados, incluso en funciones misionales. Dicho de otra forma, cuando una institución normaliza regresiones en un frente, crea incentivos para replicarlas en otros. Lo que comienza como una medida “temporal” o “excepcional” termina convirtiéndose en una práctica de gestión, y el resultado es un proceso de precarización acumulativa que deteriora la calidad del trabajo universitario y debilita, en cadena, la docencia, la investigación y la extensión.

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