Luego del anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, sobre la creación de un protocolo nacional para que la fuerza pública pueda ingresar a las universidades estatales en casos de violencia, vandalismo o «alteraciones extraordinarias del orden público», las reacciones desde las universidades públicas no se hicieron esperar y muestran posturas divididas.

Universidad Nacional de Colombia. Su rector, José Ismael Peña, manifestó que el ingreso de la Fuerza Pública a los campus puede resultar contraproducente y señaló que una de las alternativas es fortalecer las labores de inteligencia para identificar a personas externas que puedan estar involucradas en hechos violentos. Peña también precisó que la autonomía universitaria no significa estar por fuera de la ley y que, cuando se presenta un delito, las autoridades tienen competencias para actuar.

Universidad del Valle. Su rector, Guillermo Murillo Vargas, señaló que buena parte de los hechos violentos relacionados con la institución ocurren en el espacio público y no dentro de las instalaciones universitarias. Según explicó, después de las protestas, comunicados del Consejo Académico, el Consejo Superior y la Rectoría han señalado que la Universidad termina siendo víctima de estos actores violentos. Murillo también coincidió en la importancia de fortalecer las investigaciones para establecer quiénes están detrás de estos hechos.

Universidad Industrial de Santander (UIS). El Consejo Académico reiteró su compromiso con un campus seguro, respetuoso y libre de violencias, y reivindicó como principios de la vida universitaria la libertad de pensamiento y expresión, el pluralismo, la deliberación, el respeto por la diversidad y la independencia de criterio. El comunicado reconoce la legitimidad de la discrepancia y el disenso, pero señala que la violencia, la discriminación, la intimidación, el señalamiento y cualquier forma de agresión no hacen parte de ese ejercicio. Asimismo, exhorta a tramitar las diferencias mediante el diálogo, la argumentación y la deliberación. Ver comunicado

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). El Consejo Académico ampliado, reunido en sesión extraordinaria el 14 de septiembre de 2026, consideró inconveniente la propuesta presidencial para el ambiente de diálogo, concertación y autonomía universitaria. El organismo reafirmó el respeto por el artículo 69 de la Constitución Política y destacó el carácter de la universidad pública como espacio para el pensamiento crítico, la discusión académica y el análisis de los problemas de la sociedad. También diferenció el derecho a la protesta pacífica de los actos de carácter delincuencial y resaltó la capacidad de las universidades para autorregularse y construir sus propios protocolos mediante el diálogo entre sus estamentos y órganos de gobierno. Por estas razones, rechazó cualquier injerencia externa que afecte la autonomía universitaria o ponga en riesgo a integrantes de la comunidad. Ver comunicado

Universidad del Tolima. El rector Jonh Jairo Méndez Arteaga hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cualquier propuesta relacionada con la autonomía universitaria sea construida mediante un diálogo amplio con las instituciones públicas de educación superior, con respeto por los derechos humanos y la convivencia democrática.

El rector recordó que la autonomía está consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 30 de 1992, y señaló que cualquier protocolo frente a situaciones excepcionales de violencia o graves alteraciones del orden público debe garantizar la vida, la seguridad, los derechos y la autonomía de las comunidades universitarias. 

Asimismo, planteó que una eventual actuación dentro de los campus debe sujetarse a la Constitución y la ley y observar los principios de necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad. El pronunciamiento sostiene que la universidad pública no debe convertirse en un escenario de confrontación entre la ciudadanía y el Estado, pero tampoco debe entenderse como un espacio ajeno al marco jurídico. Finalmente, la Universidad del Tolima propuso que la institución sea sede de un encuentro nacional sobre autonomía universitaria, como espacio para abordar colectivamente estos asuntos. Ver comunicado

Universidad del Atlántico. Eduardo Verano, gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, defendió la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución, al tiempo que llamó a proteger los bienes públicos y la infraestructura de las instituciones de educación superior. Verano reconoció las competencias del Gobierno Nacional en materia de fuerza pública y destacó la responsabilidad de la comunidad universitaria en la conservación de las sedes. También señaló la importancia de preservar los espacios para el pensamiento, el debate político, académico y científico.

Sistema Universitario Estatal (SUE). Jairo Torres Oviedo, presidente del SUE y rector de la Universidad de Córdoba, pidió que cualquier protocolo sobre el ingreso de la Fuerza Pública a los campus sea construido conjuntamente con las universidades y no impuesto de manera unilateral. Torres rechazó la violencia, pero planteó que las estrategias para garantizar la seguridad deben considerar mecanismos educativos y pedagógicos y fortalecer las labores de inteligencia, procurando evitar escenarios de confrontación.

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). Su director ejecutivo, Óscar Domínguez González, señaló que las universidades deben rechazar la violencia, pero también preservar su condición de espacios para el libre pensamiento. Según explicó, el debate sobre la actuación de la Fuerza Pública debe considerar la autonomía universitaria y establecer con claridad cuándo una situación de violencia puede justificar una actuación que trascienda ese principio. ASCUN también ha planteado la importancia de que las universidades sean incluidas en la construcción del protocolo.

Las posiciones conocidas muestran que el debate comprende dos asuntos que las instituciones consideran centrales: la protección de las comunidades universitarias frente a hechos de violencia y la garantía de la autonomía universitaria. Mientras se conocen los términos del protocolo anunciado por el Gobierno Nacional, distintas universidades y organizaciones del sector han planteado la necesidad de que las reglas sean claras y que su construcción considere la participación de las instituciones de educación superior.

Fuentes: Casas Mogollón, P. (2026, 14 de septiembre). ¿Fuerza pública en las universidades públicas? Hablan los rectores. El Espectador. Leer artículo original en El Espectador